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Su capacidad tecnológica no puede impedir la necesaria preservación de la geodiversidad que representan estos recursos naturales no renovables

La aproximación a los hidrocarburos que ha dominado el siglo XX ha sido desbordada por el conocimiento y la responsabilidad que llega desde la sociedad a las leyes de manera lenta pero inexorable.

En las últimas décadas se ha debatido mucho sobre el presunto agotamiento de las reservas de petróleo y de gas. Pero la amenaza, mucho más real, de las consecuencias del cambio climático, debido principalmente al uso masivo de estos recursos, junto con el carbón, ha dejado sin sentido ese debate sobre la mayor o menor abundancia de los combustibles fósiles.

A nivel global, el cambio climático se está acelerando. Cambios previstos para dentro de unas décadas están sucediendo hoy día. Así, un estudio publicado en Science en noviembre de 2016 concluía que el 80% de los procesos ecológicos del planeta ya se están viendo alterados por el calentamiento global.

La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha alcanzado las 406,75 partes por millón (ppm) en diciembre de 2017, según el laboratorio de referencia de Mauna Loa, en Hawaii. En el inicio de la era industrial la concentración de CO2 era de 280 ppm. Los científicos han concluido que el límite máximo seguro de CO2 en la atmósfera es de 350 ppm, pero ese nivel ya se alcanzó en 1988, es decir, desde esa fecha ya podemos decir que estamos generando cambio climático. El aumento sigue una pauta exponencial y, de seguir así, llegaremos en relativamente pocos años a tener una concentración de 450 ppm, cifra que va vinculada a un aumento de 2ºC de las temperaturas medias mundiales y esto, a su vez, a un cambio climático descontrolado e irreversible de consecuencias catastróficas. Este incremento de las concentraciones de CO2en la atmósfera conlleva un aumento de las temperaturas medias del planeta.

Prueba inequívoca de ello son los datos que periódicamente publica la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Así, el pasado 18 de enero, la OMM confirmó la tendencia al alza a largo plazo del calentamiento global al verificar que los 17 años que llevamos de siglo XXI están entre los 18 años más calurosos de los que se tiene registro, siendo 2017, junto con 2015 y 2016, los que se llevan la palma. Durante 2017, la temperatura media global de la superficie de la tierra fue 1,1ºC más alta que la del promedio de la era preindustrial.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas ha dejado bien claro que, si queremos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales (y como, por otra parte, marca el Acuerdo de París, proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a dichos niveles), deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no disparar las emisiones de CO2 a la atmósfera. En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía ya calculó en 2012 que por lo menos dos terceras partes de esas reservas tendrían que quedarse bajo tierra. En consecuencia, no resulta coherente seguir buscando nuevos yacimientos de combustibles fósiles.

En ese sentido, permitir nuevas exploraciones o investigaciones de hidrocarburos sólo conllevaría que se pudieran poner en marcha las explotaciones de los yacimientos que eventualmente se descubriesen. Eso imposibilitaría, o al menos ralentizaría de forma significativa, lograr el objetivo, fundamental para nuestra propia supervivencia, de lograr un sector energético profundamente descarbonizado, eficiente e inteligente, basado al 100% en las energías renovables en el 2050 y libre de energías sucias.

La ciudadanía, afortunadamente, es cada vez más consciente de estas cuestiones. Así, en las conclusiones del sondeo internacional World Wide Views Climate and Energy (que fue promovido por la ONU y por el Gobierno francés de cara a la Cumbre de París sobre cambio climático de diciembre de 2015) se mostró que el 69,2% de los españoles aboga por “suspender definitivamente la exploración de todas las reservas de combustibles fósiles”.

Este estado de opinión de la sociedad española ya se ha traducido en algunos hechos concretos. Uno sería el rechazo generalizado a los proyectos de búsqueda de gas con la técnica del fracking, en todas las comunidades autónomas donde se han planteado. Otro, los movimientos surgidos contra las prospecciones de hidrocarburos en aguas profundas, por un lado en Canarias, contra los sondeos exploratorios de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y, por otro, en las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, especialmente en las Islas Baleares, contra un conjunto de proyectos de diversas compañías petroleras nacionales y extranjeras.

En esta última zona cabe destacar a la Alianza Mar Blava, una plataforma intersectorial nacida en 2013 en las Islas Baleares y constituida actualmente por más de 120 entidades del sector privado (sector del turismo, la pesca, la agricultura o el náutico), la sociedad civil y la Administración pública (incluyendo el Govern Balear, los Consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, una veintena de ayuntamientos de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Barcelona), cuyo objetivo es la protección del mar Mediterráneo y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético.

El trabajo desarrollado por la Alianza Mar Blava a lo largo de estos años ha contribuido significativamente a lograr el archivo de cuatro proyectos de prospecciones de hidrocarburos en la demarcación marina levantino-balear así como a la declaración como Área Marina Protegida y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Corredor de Migración de Cetáceos, un área de más de 46.000 km2 que discurre entre el golfo de Valencia y el golfo de León enmarcada entre las costas de las Islas Baleares y las de Cataluña y la Comunidad Valenciana, y sobre cuya superficie diversas compañías petroleras han solicitado numerosos permisos de investigación de hidrocarburos.

Cambio de paradigma

En las últimas décadas, la protección ambiental ha evolucionado desde la protección de determinadas especies y lugares concretos a la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y geodiversidad. Así, el alcance actual de la protección ambiental se extiende tanto al complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos, como al llamado medio no viviente con el que actúan como una unidad funcional, integrando así todos los elementos de la definición establecida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y asumida por la citada Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En este contexto, hay que recordar que el entorno abiótico marino es, por tanto, parte integrante de los ecosistemas marinos y también debe ser objeto de protección. Los hidrocarburos ya no pueden ser regulados y gestionados como meros recursos susceptibles de exploración, investigación y explotación debido a su interés energético; se trata de recursos naturales no renovables que forman parte de los ricos ecosistemas marinos a conservar.

Así pues, el límite para la exploración, investigación y explotación de los hidrocarburos mar adentro ya no puede ser únicamente la capacidad tecnológica, sino que se hace necesario reservar grandes áreas de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, no sólo por la protección de los ecosistemas marinos y la diversidad biológica de estos espacios, sino por la necesaria preservación de la geodiversidad que representan estos recursos naturales no renovables.

Ello tiene además adecuado encaje con la facultad que la Unión Europea reconoce que conservan los Estados miembros para determinar dentro de sus territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de esas actividades, en la Directiva de prospecciones, exploración y producción de hidrocarburos (Art. 2 de la Directiva 94/22/CE).

Acogiéndose a esta visión conceptual, la Alianza Mar Blava promovió a principios de 2017, a través del Parlament balear (donde se aprobó por unanimidad), para su discusión en las Cortes Generales, una Proposición de Ley para proteger el Mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Lamentablemente, una vez iniciado su recorrido en el Congreso de los Diputados, el Gobierno Rajoy vetó su tramitación parlamentaria, con el apoyo de los representantes del Partido Popular y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, basándose en un informe anónimo y plagado de falsedades, en el cual solo consta el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero no lleva firma alguna, y por lo tanto deja sin identificar a la persona que lo realizó y se responsabiliza de su falaz contenido.

Anclado en una política energética obsoleta, el MINETAD se refugia en lo que califica como “innegable interés estratégico” de los hidrocarburos para continuar con las actividades de búsqueda de nuevos yacimientos de estos combustibles fósiles. Ese supuesto interés estratégico no está justificado ni con los hechos económicos (pues la posible variación de nuestra actual dependencia energética exterior mediante la explotación de potenciales recursos de hidrocarburos sería absolutamente despreciable) ni con la superioridad estratégica que tiene para toda la Unión Europea (y por tanto también para España) los objetivos de lucha contra el cambio climático para el 2020, 2030 y 2050, así como el Acuerdo de París, también ratificado por España y que nos obliga a una descarbonización profunda de nuestra economía. Y todo ello sin olvidar nuestros compromisos dentro de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020.

Entre tanto, Francia nos ha tomado la delantera. En efecto, el Gobierno francés ha aprobado ya una ley para poner fin a la producción de hidrocarburos en todo el territorio galo. Así, el 19 de diciembre de 2017, su Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley del Gobierno Macron por medio de la cual Francia se convierte en el primer país del mundo en prohibir de forma efectiva la producción de hidrocarburos en su territorio.

La flamante y reciente ley francesa prohíbe con efecto inmediato el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Francia se convierte así en una referencia, en un ejemplo a seguir, no tanto porque sea un gran productor de hidrocarburos, que no lo es, sino porque se trata de una medida tomada por una potencia económica con gran influencia mundial. De esta forma, Francia lanza un mensaje muy importante al resto de la comunidad internacional sobre lo que es tomarse en serio el desafío del cambio climático.

El PSOE ha presentado en el Congreso una nueva Proposición de Ley en ese sentido, basándose en el texto que preparó Alianza Mar Blava para la del Parlament balear, pero esta vez teniendo como ámbito de aplicación todas las aguas marinas que estén bajo jurisdicción española.

Esperemos que, en esta nueva ocasión, el sentido común y la coherencia se impongan y el Gobierno Rajoy no vete la tramitación de esa iniciativa parlamentaria y ésta se apruebe, de modo que las aguas de nuestros mares y océanos queden libres de la amenaza de las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. De este modo, España seguiría, aunque fuera sólo un poquito, el ejemplo ya citado de Francia en materia de descarbonización de nuestra economía.

En definitiva, los tiempos están cambiando y el de los combustibles fósiles está llegando a su fin. No porque éstos se estén agotando, sino porque nos urge dejar de utilizarlos. Debemos tomar medidas urgentes para eliminarlos cuanto antes de nuestro modelo energético.

Ver artículo original en CTXT

Artículo en el numero de enero de la prestigiosa revista Quercus, referencia de los ambientalistas en España.

Ver PDF escaneado del artículo en cuestión: “El nuevo corredor de cetáceos bloquea la amenaza petrolera”. (1.4MB)

 

 

Muy buena nota para la Aliança Mar Blava. Se ha creado una reserva para proteger los cetáceos del Mediterráneo, suscrito en la conferencia celebrada en Tirana (Albania), un pacto dentro del convenio de Barcelona que prohíbe en la zona sondeos petroleros. La protección del corredor migratorio de los cetáceos en la costa levantino-balear ha sido muy celebrada por la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear ya que supondrá proteger unos 45.000 km2, en una franja que discurre entre el Levante peninsular español y Baleares frente a la costa de Cataluña. La declaración queda supeditada a que el Gobierno de España publique un decreto por el que se declara la zona como área marina protegida. El corredor es un lugar de paso migratorio, entre otros, para ballenas de aleta, el delfín picudo que puede alcanzar los siete metros de longitud y pesar 3.000 kg, y el delfín gris, que llega hasta los cuatro metros de largo y una tonelada de peso.

La consecuencia directa de dicha protección internacional es que el Ministerio de Energía deberá archivar todos los proyectos de prospecciones de hidrocarburos y las solicitudes de licencias de investigación de hidrocarburos que afecten al citado espacio protegido. Así que Aliança Mar Blava ha agradecido el respaldo recibido para proteger el corredor de migración de cetáceos por parte de diversas instituciones del Gobierno español, el Govern de Balears, la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Valencia, científicos y muchas entidades de estudio y conservación de cetáceos en todo el mundo.

Alianza de Agua

La Alianza del Agua de las Pitiusas (AAP) ha presentado un estudio del Observatorio del Agua llevado a cabo este año y llega a la conclusión que se debe priorizar el uso del agua desalinizada. Señalan que las aguas subterráneas son el principal recurso hídrico de Ibiza y señala que la reutilización de las aguas no será posible si no se mejora la depuración y la salinización. Así que no se deberían verter aguas depuradas al mar, especialmente ahora que nos encontramos ante una sequía que se arrastra desde hace unos cuatro años. En cualquier caso, la AAP mantiene que se mejore la depuración y se solucione el problema de la salinización del agua en la red de saneamiento. Y añade que las depuradoras de Platja den Bossa, Sant José y Santa Eulària tratan mucho más de lo que técnicamente pueden y así se llega a la mala calidad del agua.

De manera que se debe hacer una depuración terciaria para poder reutilizar las aguas depuradas y para poder combatir la sequía que nos afecta. Es lo que están haciendo en Cataluña porque en Barcelona y Girona necesitan más agua potable para el consumo de la población. Así que, aquí y ahora, necesitamos más plantas desaladoras de agua de mar y depurar mejor las residuales.

Ver artículo original en El periódico de Ibiza N. Verder

COMUNICADO DE PRENSA
21 de diciembre de 2017

Ambas organizaciones han presentado hoy al MAPAMA unas alegaciones conjuntas

GREENPEACE Y ALIANZA MAR BLAVA VALORAN POSITIVAMENTE EL REAL DECRETO DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR DE MIGRACIÓN DE CETÁCEOS

Solicitan la elaboración urgente de un plan para reducir los niveles de ruido submarino y la inclusión del archipiélago de las Columbretes en el ámbito de la nueva Área Marina Protegida

Alianza Mar Blava y Greenpeace consideran de gran importancia la protección del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Área Marina Protegida, la adopción urgente de un régimen de protección preventiva en esa zona y su inclusión dentro de la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona, por lo que han valorado muy positivamente la inclusión de estas medidas en el articulado del proyecto de Real Decreto que el Gobierno central está actualmente tramitando para dotar de protección ambiental este valioso espacio marino.

En opinión de estas organizaciones, la protección de este Corredor de Migración de Cetáceos es muy importante y extremadamente urgente. En primer lugar, por la extraordinaria importancia ecológica que este Corredor tiene por sí mismo. En segundo lugar, para posibilitar la puesta en marcha de medidas de protección que impidan que puedan materializarse una serie de proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que amenazan seriamente sus valores naturales y su viabilidad. Y, por último, para poner actuar de forma más eficaz sobre procesos que ya están actuando negativamente sobre las especies que pueblan este corredor, como es el caso de la contaminación acústica submarina.

En efecto, el citado corredor es de alto valor ecológico no sólo por ser zona de paso migratorio para el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo, sino también por ser hábitat y zona de alimentación para una gran diversidad de otras especies de cetáceos (cachalote, delfín mular, delfín listado, delfín común y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier) y para otras especies de fauna marina (como la tortuga boba, diversas especies de aves, etc.).

A pesar de ello, este espacio se encuentra seriamente amenazado por una serie de proyectos de prospecciones de hidrocarburos, en tramitación por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), solicitados por diversas compañías petroleras en el ámbito territorial del Corredor.

En concreto, debemos citar los permisos de investigación de hidrocarburos (PIH) “Nordeste 1” a “Nordeste 12” (solicitados en el golfo de León por la compañía Capricorn Spain Ltd, filial española de la petrolera escocesa Cairn Energy) y el PIH denominado “Medusa” (solicitado por cuatro compañías petroleras frente a las costas de Tarragona), así como el proyecto de sondeos acústicos de la compañía Spectrum Geo Limited en el mar Balear [sobre el que pesa una Resolución de terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de fecha 11 de abril de 2017, pese a lo cual el MINETAD todavía no ha resuelto el archivo definitivo de las actuaciones de este proyecto], cuyas superficies de actuación prevista se solapan espacialmente en gran medida con el citado Corredor de Migración de Cetáceos, en todos los casos.

De llevarse a cabo estos proyectos, se generaría indudablemente un impacto ambiental crítico e irreversible sobre las poblaciones de cetáceos y otras especies marinas, dado que este tipo de proyectos son la mayor fuente de ruido submarino actualmente existente.

La contaminación acústica submarina pone en riesgo la supervivencia de las poblaciones de fauna marina, especialmente las de los cetáceos, debido a la especial fisiología de éstos que dependen del sonido para el desarrollo de todas sus actividades como su orientación espacial, alimentación, reproducción y cría.

Por ello, ambas entidades sugieren la incorporación al articulado del Real Decreto, en forma de una nueva disposición adicional, el siguiente texto: “Se procederá a la elaboración urgente de un plan de gestión general para reducir los niveles de ruido submarino en el área del Área Marina Protegida ‘Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo’, una vez se haga efectiva su declaración”.

Por otro lado, pese a que el archipiélago de Columbretes se encuentra localizado dentro del ámbito territorial de la futura Área Marina Protegida “Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo”, éste se ha excluido expresamente de dicho ámbito, como se puede aprecisar en el mapa que se incluye como “ANEXO I. Delimitación del espacio” al final del Real Decreto.

Las islas Columbretes gozan actualmente de varias figuras de protección. Fueron declaradas Parque natural por el Decreto 15/1988, del 25 de enero, del Consejo de la Generalidad Valenciana,​ y reserva marina de 4.400 hectáreas por Orden del 19 de abril de 1990, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.​ Fueron recalificadas como Reserva Natural por Ley 11/1994, del 27 de diciembre, de la Generalidad Valenciana. ​ Asimismo está declarada como: Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de especial protección para las aves (ZEPA), y microrreserva de flora.

Sn embargo, Greenpeace y Alianza Mar Blava consideran que este hecho no debe impedir que el archipiélago de las Columbretes pueda incluirse plenamente dentro de Área Marina Protegida “Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo” y disfrutar también de esa figura de protección, por lo que solicitan al MAPAMA su incorporación al ámbito territorial de ésta.

Por otro lado, la protección legal del Corredor de Migración de Cetáceos dentro de la normativa española y su declaración como ZEPIM del Convenio de Barcelona es una medida que cuenta con un amplio y significativo respaldo institucional, político, social y científico, dentro y fuera de España.

Así, a lo largo de 2016 y 2017 se han producido numerosos apoyos institucionales en favor de la declaración de esta ZEPIM, entre los que se incluye el Congreso de los Diputados, el Parlamento Balear, el Gobierno de las Islas Baleares, la Generalitat de Cataluña y la Generalitat de Valencia, los Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, y los Ayuntamientos de Barcelona, ​​Valencia, Palma de Mallorca así como los de Ibiza, Mahón, Ciudadela, entre muchos otros en las Islas Baleares, además de los provenientes de la sociedad civil y de la comunidad científica como la declaración suscrita por 39 científicos marinos de renombre internacional y 36 organizaciones internacionales de conservación marina, las cuales representan en conjunto a millones de socios globalmente.

Para más información:
Carlos Bravo, Alianza Mar Blava (626 998 241, secretariatecnica@alianzamarblava.org)
Julio Barea, Greenpeace (626 99 82 53, jbarea@greenpeace.org)

El corredor marítimo que se extiende por el Mediterráneo entre la península Ibérica y Baleares, considerado una zona de especial interés para los cetáceos, gozará finalmente de protección, según ha propuesto la delegación de España durante la vigésima Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona, reunida en Tirana (Albania).

El área será protegida con el nombre Corredor de Cetáceos del Mediterráneo y quedará incluida en la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), como ha destacado en una nota informativa el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

“Se trata de una decisión que permitirá reconocer el valor regional de este enclave de alto valor para los cetáceos y la protección de cuatro especies de corales de aguas profundas”, dice el ministerio. El anuncio lo ha efectuado Raquel Orts, directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del MAPAMA.

Satisfacción

“Esta decisión era ampliamente esperada en España y a nivel internacional debido al altísimo valor ecológico de este espacio”, ha destacado la Alianza Mar Blava, que impulsaba la protección. La zona no solo es de gran interés como paso migratorio del rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo, como se sabe desde hace décadas, sino también por ser hábitat y zona de alimentación para una gran diversidad de especies de cetáceos (rorcual común, cachalote, delfín mular, delfín listado, delfín común y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier) y para otras especies de fauna marina como la tortuga boba y diversas aves.

El futuro de las prospecciones

La Alianza Mar Blava da por hecho que la declaración supone el fin de los proyectos de prospecciones petrolíferas, pero en cualquier caso avanza avanzado que en 2018 seguirán trabajando para lograr el archivo “definitivo” de varios proyectos de prospecciones que todavía amenazan el Mediterráneo. “Hasta que no veamos en el BOE que se archivan definitivamente, vamos a seguir vigilantes y vamos a trabajar para que el corredor de cetáceos tenga un buen plan de uso y gestión”, ha declarado Carlos Bravo, portavoz de la asociación.

Con la declaración del Corredor de Migración, el 3% de las aguas marinas de España pasan a tener algún tipo cobertura legal de protección y se convierte así en uno de los países mediterráneos con mayor superficie marina protegida.

El ministerio ha destacado que sobre la futura declaración como área marina protegida del Corredor de Cetáceos del Mediterráneo, cuyo trámite de información pública y oficial finaliza este mes de diciembre, “las partes contratantes del Convenio de Barcelona han dado la bienvenida a la propuesta española de declararla Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo y han reconocido el valor regional y la sólida base científica con la que cuenta este área para su inclusión en este prestigioso listado internacional durante la próxima Conferencia de las Partes”.

También cuatro corales

Por otro lado, en la sesión del pasado lunes España anunció también su propuesta de incluir cuatro especies de corales profundos Anthozoa en el Anexo II del Protocolo de Zonas Especialmente Protegidas y Biodiversidad, lo cual supone el compromiso vinculante de todos los Países de velar por la protección de estas especies en toda la cuenca mediterránea.

Ver artículo original en El Periódico, por Antonio Madridejos

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