Actualidad

Página 2 de 59

Esta mañana ha tenido lugar la firma del convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Alianza Mar Blava para 2018.

En dicho acto han estado presentes el President del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer Ribas, la Consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera Fletcher, y la actual presidenta de Alianza Mar Blava, Sandra Benbeniste.

Se ha hecho un repaso de los importantes frutos que ha dado esta colaboración desde 2013, fecha de la creación de la Alianza Mar Blava, siendo el Consell Insular de Formentera uno de los miembros fundadores de esta plataforma intersectorial, compuesta a día de hoy por más de 120 entidades tanto de las Administraciones públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales y ecologistas; sindicatos y otras instituciones públicas y privadas).

Gracias al apoyo institucional y económico del Consell de Formentera se ha conseguido ya:

  • el archivo de los 4 permisos de investigación de hidrocarburos otorgados a la petrolera Cairn Energy en el golfo de Valencia, tras verse ésta obligada, en abril de 2015, a solicitar la anulación de dichos permisos a causa de la enorme presión social e institucional generada a través de la Alianza Mar Blava y otros colectivos.
  • el archivo definitivo en octubre de 2016 del proyecto de prospecciones petrolíferas de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León, conseguido tras una dura batalla jurídica con la Administración central.
  • en julio de 2016 se logró que el proyecto MedSalt-2, en aguas de Mallorca e Ibiza y Formentera, promovido por el Instituto Nazionale de Oceanografía e Geofisica Sperimentale (INOGS) de Trieste, Italia, no obtuviera la declaración de impacto ambiental simplificada que había solicitado.
  • el archivo, en abril de 2017, del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de sondeos acústicos “Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear”, promovido por Spectrum Geo Limited y archivo de las actuaciones
  • en noviembre de 2017 logramos que el Gobierno pusiera en marcha el proceso de tramitación de un Real Decreto para la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como Área Marina Protegida (AMP) y en diciembre de ese año la aceptación por el Convenio de Barcelona (en su 20ª Conferencia de las Partes, diciembre de 2017) de la propuesta española para declarar este Corredor como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

Entre los apoyos logrados para consolidar esta iniciativa de la Alianza están los del Consell Insular de Formentera y los demás Consells (Mallorca, Menorca, e Ibiza), más de 10 ayuntamientos de las Islas Baleares, entre ellos el de Palma, los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia, las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal, así como un centenar de expertos y entidades científicas tanto nacionales como internacionales.

Ambas partes han mostrado su interés en seguir colaborando en la misión, por ambos compartida, de incrementar la protección del mar Mediterráneo, acabar con la amenaza a nuestra economía y al medio ambiente que suponen los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético.

Alianza Mar Blava reitera su agradecimiento al Consell de Formentera por su constante, y hoy renovado, apoyo.

logo alianza mar blava

COMUNICADO DE PRENSA
22 de marzo de 2018

EL SENADO Y EL CONGRESO SOLICITAN AL GOBIERNO EXPLICACIONES POR SU INACCIÓN EN EL ARCHIVO DE PROYECTOS DE PROSPECCIONES PETROLÍFERAS

Presentadas varias preguntas sobre el retraso del MINETAD para archivar los proyectos de sondeos de Spectrum y Ripsa y las solicitudes de permisos “Nordeste” y “Medusa” que se solapan con el Corredor de Migración de Cetáceos

Los portavoces de Compromís en el Senado, Carles Mulet, y en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, así como los responsables de Medio Ambiente de esta coalición en ambas cámaras, Jordi Navarrete y Enric Bataller, han presentado, a instancia de la Alianza Mar Blava, diversas preguntas parlamentarias al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) y al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) para que expliquen por qué no se han archivado aún diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos en la demarcación marina levantino-balear que ya no tienen viabilidad procedimental (se adjuntan, en pdf, las preguntas registradas en el Senado).

Alianza Mar Blava criticó recientemente la actitud de inactividad deliberada en la que se ha instalado la Dirección General de Política Energética y Minas del MINETAD para demorar el archivo definitivo de esos proyectos, pese a las reiteradas solicitudes de archivo de los mismos que, de forma razonada, ha presentado la Alianza en este ministerio de hace meses. El MINETAD ha ignorado sistemáticamente esas solicitudes a pesar de la obligación legal que tiene la Administración de actuar con eficacia (artículo 103 de la Constitución) y resolver los expedientes (artículo 21 de la Ley 39/2015).

Con respecto a las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” (las 12 planteadas por Cairn Energy en el golfo de León) y “Medusa” (por Repsol y otras tres petroleras frente a las costas de Tarragona), cuyas superficies de actuación prevista se solapan con la superficie de este Corredor de Migración de Cetáceos, los parlamentarios preguntan al MINETAD: “Dado que la protección ambiental ya decidida para el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida y como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona conlleva la inviabilidad procedimental de que el MINETAD pueda seguir tramitando los proyectos de prospecciones de hidrocarburos y solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos que afecten a este espacio protegido, debiendo proceder a su archivo definitivo, ¿cuándo piensa el MINETAD proceder a su archivo definitivo (con su debida publicación en el BOE)?

En relación con el proyecto de prospecciones de la empresa Spectrum en el mar balear, se pregunta, por un lado “¿Cuáles son los motivos por los que el MINETAD no ha dictado aún, pese al tiempo transcurrido desde abril de 2017, la correspondiente Resolución declarando concluso el procedimiento de autorización del proyecto «Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear» de la promotora Spectrum Geo Limited y archivando definitivamente las actuaciones realizadas?”.

Y, por otro lado, se le requiere al MINETAD que determine “¿en qué fecha tiene previsto dictar la citada Resolución declarando concluso el procedimiento de autorización del proyecto «Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear» de la promotora Spectrum Geo Limited y archivando definitivamente las actuaciones realizadas?

Al respecto del proyecto de sondeos perforatorios de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (RIPSA) “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3“, frente a las costas de Tarragona y en las cercanías del Delta del Ebro, los parlamentarios solicitan al MAPAMA que aclare si:

  1. considera que la determinación de la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental del proyecto de referencia, adoptada el 1 de octubre de 2014, mantiene su eficacia, pese a que han pasado casi 4 años desde su comunicación al promotor y al órgano sustantivo sin que se haya iniciado la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
  2. considera que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de referencia, presentado por el promotor hace ya dos años y medio, mantiene su validez, pese al tiempo transcurrido, teniendo en cuenta lo que se deduce del contenido del Artículo 35.3 de la Ley 21/2013 y habida cuenta del avance que ha tenido lugar en estos últimos años en el conocimiento científico y técnico, en materia de protección de espacios naturales en el entorno de actuación prevista en este proyecto, y en el acervo disponible de directrices de organismos internacionales para la protección del medio marino
  3. teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, si el MAPAMA tiene previsto declarar la terminación del procedimiento de evaluación ambiental que tramita con respecto al proyecto de referencia, con arreglo a la Ley 21/2013.

Alianza Mar Blava agradece a los citados parlamentarios la realización de estas preguntas y confía en que el Gobierno central abandone urgentemente su irresponsable actitud de inacción ante el necesario archivo definitivo de estos expedientes de proyectos de prospecciones petrolíferas.

Resulta completamente incongruente que el Gobierno central se declare un entusiasta seguidor del Acuerdo de París contra el cambio climático y al tiempo se empeñe absurdamente en mantener la presencia de los combustibles fósiles en nuestro mix energético”, ha declarado Carlos Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

FIN DE COMUNICADO
Para más información, llamar a: Carlos Bravo (626 99 82 41), Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

ARCHIVOS ADJUNTOS

 

logo alianza mar blavaCOMUNICADO DE PRENSA
19 de marzo de 2018

EL MINETAD LLEVA MESES DEMORANDO INJUSTIFICADAMENTE
EL ARCHIVO DEFINITIVO DE DOS PROYECTOS DE PROSPECCIONES

Alianza Mar Blava critica la actitud de inactividad deliberada adoptada por la Dirección General de Política Energética y Minas del MINETAD

Alianza Mar Blava critica la actitud de inactividad deliberada en la que se ha instalado la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) para demorar el archivo definitivo de varios proyectos de prospecciones de hidrocarburos que ya no tienen viabilidad procedimental.

Mar Blava ha solicitado razonadamente y de forma reiterada el archivo de dichos proyectos desde hace meses pero el MINETAD ha ignorado sistemáticamente esas solicitudes a pesar de la obligación legal que tiene la Administración de actuar con eficacia (artículo 103 de la Constitución) y resolver los expedientes (artículo 21 de la Ley 39/2015).

Se trata de los proyectos:
• «Campaña Sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-Mar Balear» (20130253PHC), promovido por la compañía Spectrum Geo Limited, y
• “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3” (20140054PHC), promovido por Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (RIPSA).

Proyecto de sondeos acústicos de Spectrum Geo Limited

El 11 de abril de 2017, tras las peticiones realizadas por Alianza Mar Blava, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) emitió la Resolución SGEA/AJR/20130253PHC por la que se declara “la terminación del procedimiento con el consiguiente archivo del expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-Mar Balear“, cuyo promotor es Spectrum Geo Limited.

En consecuencia, tras la citada Resolución del MAPAMA, el MINETAD, como órgano sustantivo, debe necesariamente proceder al archivo del expediente de autorización que tramita, por ser la evaluación de impacto ambiental un procedimiento previo e imprescindible para pronunciarse sobre la autorización. Así, en mayo de 2017, Alianza Mar Blava solicitó a la Dirección General de Política Energética y Minas del MINETAD que iniciara el correspondiente procedimiento de archivo. Ese escrito no ha obtenido respuesta.

Ante la posibilidad de que Spectrum hubiera recurrido la Resolución del 11 de abril del MAPAMA, la Alianza Mar Blava hizo las comprobaciones pertinentes a través del Portal de Transparencia, solicitando al MAPAMA que nos informara si la Resolución del 11 de abril estaba recurrida o era firme. Meses después, la Alianza Mar Blava consiguió respuesta oficial en el sentido de que al MAPAMA no les constaba la existencia de recurso alguno. Por lo tanto, la Resolución podía considerarse firme.

Por lo tanto, terminado el procedimiento de impacto ambiental con su archivo por parte del MAPAMA y siendo dicha Resolución firme, procede necesariamente a que el MINETAD, como órgano sustantivo, archive el expediente de autorización que tramita, pues, como ya se ha mencionado, la evaluación de impacto ambiental (EIA) es un procedimiento previo e imprescindible para pronunciarse sobre la autorización y, en el caso de este proyecto, esta EIA ya no va a tener lugar.

Teniendo en cuenta todas las circunstancias, Alianza Mar Blava reiteró al MINETAD la solicitud de archivo el pasado 6 de marzo, tras casi un año de inactividad injustificada del MINETAD al respecto.

Proyecto de sondeos perforatorios de Repsol

De forma resumida, el 1 de octubre de 2017 se cumplieron tres años de la determinación de la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental (el denominado “documento de alcance”) emitida el 1 de octubre de 2014 y aún no se ha iniciado la evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto.

La ley establece que transcurrido un año desde la información pública y las consultas del proyecto y el estudio de impacto ambiental sin que se haya iniciado la evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo declarará la caducidad de dichos trámites [Artículo 33.2 de la Ley 21/2013], lo que sería igualmente aplicable en el presente caso por analogía. Es evidente, por tanto, que procede que el órgano sustantivo declare la caducidad de los trámites realizados.

Así, el 29 de julio de 2016, cuando ya había transcurrido más de un año, la Alianza Mar Blava dirigió sendos escritos al órgano ambiental y al órgano sustantivo en los que solicitó la terminación y archivo del procedimiento 20140054PHC “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3” promovido por Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A.

El 15 de septiembre de 2016 el Subdirector General de Evaluación Ambiental, Francisco Muñoz García, informó a la Alianza Mar Blava que «hasta el día de la fecha no se ha recibido en el órgano ambiental el expediente completo de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3” por lo que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria no se ha iniciado».

El 19 de mayo de 2017 la Alianza Mar Blava dirigió al órgano sustantivo un escrito reiterando su solicitud de terminación y archivo de este procedimiento.

Ante la prolongada inacción (dos años y medio desde la primera solicitud de la Alianza) por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del MINETAD, Alianza Mar Blava ha reiterado recientemente, por tercera vez, este mes de marzo, la petición de que proceda a declarar la caducidad de este expediente.

FIN DE COMUNICADO
Para más información, llamar a: Carlos Bravo (626 99 82 41), Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

La Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear ha anunciado públicamente de forma reciente las líneas generales del Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está preparando.

Por lo que hemos podido conocer se trata de una ley con objetivos muy ambiciosos de cara a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización del sistema energético balear, actualmente inmensamente dependiente de los combustibles fósiles.

Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará. Para ello, se pretende avanzar hacia la soberanía energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el incremento de la eficiencia energética (un 20% para 2030 y un 40% para 2050) y de la generación eléctrica con energías renovables (que supondrían el 35% en 2030 y el 100% en 2050), hacer una gestión inteligente de la demanda de energía, impulsar su democratización y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará.

Todas las medidas previstas en la citada ley, permitirán, según lo anunciado por el Gobierno balear, una reducción de las emisiones de CO2 del 40% en 2030 y de un 90% para el 2050.

Muy interesante es el hecho de que se pretenda incorporar la perspectiva climática de forma transversal en la actividad legislativa y de planificación. Es decir, toda nueva ley o política pública (leyes, reglamentos, presupuestos generales, instrumentos de planificación territorial, etc.) deberá evaluar si su aplicación supone aumentar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y si es apropiada ante nuevas vulnerabilidades derivadas del cambio climático.

Algunas de las medidas específicas más relevantes de esta ley que se han anunciado públicamente son:

  • Transformación progresiva de las flotas de vehículos de alquiler (muy numerosos en la cada vez más larga temporada turística en Baleares) desde 2020, cuando un 2% de los vehículos deberán ser eléctricos, hasta 2035, cuando el 100% deberán ser eléctricos. La medida irá acompañada de importantes inversiones en infraestructura de puntos de recarga eléctrica.
  • Prohibición de entrada a las islas de vehículos “fósiles”. En 2025 se restringirá la entrada de vehículos diésel y en 2035 la de los de gasolina, de manera que en 2050 el parque móvil esté totalmente descarbonizado.
  • En alumbrado público, para 2025 todo el alumbrado público deberá adaptarse a la tecnología de máxima eficiencia (LED).
  • Para aprovechar los espacios urbanos, los aparcamientos y nuevas edificaciones de más de 1.000 m2 deberán incorporar placas solares. Además se fomentará el autoconsumo compartido y el balance neto para la facturación de la venta de excedentes en este tipo de instalaciones.

Todo por hacer en generación con renovables

Otro de los apartados más importantes se refiere a la generación de electricidad. En las Islas Baleares está predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas). A finales de 2017, en toda la comunidad autónoma sólo había 4 MW instalados de energía eólica y 78 MW de solar fotovoltaica, según datos de Red Eléctrica de España.

En las Islas Baleares ésta está predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas).

En Mallorca la principal instalación termoeléctrica es la central de carbón de Es Murterar, en la bahía Alcudia (Mallorca), con 585 MW (4 grupos de vapor que consumen hulla, que suman 510 MW, y 2 unidades de reserva basadas en turbinas de gas, con un total de 75 MW, que queman gasoil como combustible). El Gobierno balear desea el cierre de los grupos 1 y 2 de carbón en 2020 y de los grupos 3 y 4 en 2025, pero el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) se opone rotundamente a ello. Para las centrales de ciclo combinado con gas natural de Cas Tresorer y Son Reus, el Gobierno balear prevé incrementar su uso de forma transitoria mientras se incorporan las energías renovables.

En Menorca, se prevé la conversión de la central térmica de Mahón, que actualmente quema fuel y gasoil, a gas natural, transformación que es urgente pero que también el Gobierno central está dificultando. Igualmente, en Ibiza se pretende la eliminación del uso de fuel y gasóleo en su central térmica para que ésta funcione solo con gas natural. En Formentera también se genera electricidad con una turbina de gas a base de gasóleo.

Este borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética saldrá en breve a exposición pública para la formulación de alegaciones, como paso previo a su tramitación parlamentaria. El objetivo del Govern balear es que la nueva ley sea aprobada en el Parlamento en el primer trimestre del año 2019. Eso significa que el margen temporal, en el marco de la actual legislatura, para su tramitación y aprobación es muy estrecho, pues el Parlamento será disuelto a principios de mayo de 2019 de cara a la celebración de las elecciones autonómicas del 9 de junio de ese año.

Como se pudo comprobar por las reacciones publicadas en prensa tras la presentación del borrador del anteproyecto, ésta va a generar importantes resistencias en ciertos sectores económicos. También se vislumbra, por los precedentes previos con leyes similares de otras CC.AA. (p.ej. la ley de Cambio Climático de Cataluña), que una vez sea aprobada en el Parlamento balear, es probable que el Gobierno central pudiera plantear un recurso contra esta Ley en el Tribunal Constitucional. De hecho, de llegar a aprobarse esta ley balear en la presente legislatura, es seguro que se adelantaría a la que en teoría está preparando actualmente el Gobierno central sobre la misma materia, lo cual propiciará la existencia de potenciales conflictos competenciales entre ambos poderes (además de los que ya hemos citado con respecto a los cierres de las centrales termoeléctricas).

Una vez sea aprobada en el Parlamento balear, es probable que el Gobierno central pudiera plantear un recurso contra esta Ley en el Tribunal Constitucional.

Dada la gravedad del desafío del cambio climático es necesario avanzar de forma urgente y decidida en la transición energética hacia un modelo descarbonizado y 100% renovable. Ese es uno de los objetivos que persigue la Alianza Mar Blava. Pero, para lograrlo, entendemos que resulta necesario que las acciones normativas que se pretendan poner en marcha al respecto cuenten previamente con un amplísimo consenso social, empresarial y político de modo que puedan aplicarse de forma eficaz en el corto, medio y largo plazo.

Ese sería el caso de esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, si se lograse aprobar en esta misma legislatura, tendrá que ser desarrollada y aplicada sin contratiempos ni sobresaltos, no sólo en la próxima legislatura sino en un marco temporal mínimo de dos décadas. Esto significa que esta ley, para ser de utilidad, debería lograr ser avalada por la inmensa mayoría de la sociedad civil, el sector privado y las Administraciones públicas de las islas Baleares y que, por tanto, pudiera ser considerada como una ley de Baleares y no la ley de un determinado Govern. Estamos, pues, en un momento crucial, que no debemos desaprovechar, si nos tomamos realmente en serio el problema del cambio climático.

Ver artículo original en 20minutos

Su capacidad tecnológica no puede impedir la necesaria preservación de la geodiversidad que representan estos recursos naturales no renovables

La aproximación a los hidrocarburos que ha dominado el siglo XX ha sido desbordada por el conocimiento y la responsabilidad que llega desde la sociedad a las leyes de manera lenta pero inexorable.

En las últimas décadas se ha debatido mucho sobre el presunto agotamiento de las reservas de petróleo y de gas. Pero la amenaza, mucho más real, de las consecuencias del cambio climático, debido principalmente al uso masivo de estos recursos, junto con el carbón, ha dejado sin sentido ese debate sobre la mayor o menor abundancia de los combustibles fósiles.

A nivel global, el cambio climático se está acelerando. Cambios previstos para dentro de unas décadas están sucediendo hoy día. Así, un estudio publicado en Science en noviembre de 2016 concluía que el 80% de los procesos ecológicos del planeta ya se están viendo alterados por el calentamiento global.

La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha alcanzado las 406,75 partes por millón (ppm) en diciembre de 2017, según el laboratorio de referencia de Mauna Loa, en Hawaii. En el inicio de la era industrial la concentración de CO2 era de 280 ppm. Los científicos han concluido que el límite máximo seguro de CO2 en la atmósfera es de 350 ppm, pero ese nivel ya se alcanzó en 1988, es decir, desde esa fecha ya podemos decir que estamos generando cambio climático. El aumento sigue una pauta exponencial y, de seguir así, llegaremos en relativamente pocos años a tener una concentración de 450 ppm, cifra que va vinculada a un aumento de 2ºC de las temperaturas medias mundiales y esto, a su vez, a un cambio climático descontrolado e irreversible de consecuencias catastróficas. Este incremento de las concentraciones de CO2en la atmósfera conlleva un aumento de las temperaturas medias del planeta.

Prueba inequívoca de ello son los datos que periódicamente publica la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Así, el pasado 18 de enero, la OMM confirmó la tendencia al alza a largo plazo del calentamiento global al verificar que los 17 años que llevamos de siglo XXI están entre los 18 años más calurosos de los que se tiene registro, siendo 2017, junto con 2015 y 2016, los que se llevan la palma. Durante 2017, la temperatura media global de la superficie de la tierra fue 1,1ºC más alta que la del promedio de la era preindustrial.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas ha dejado bien claro que, si queremos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales (y como, por otra parte, marca el Acuerdo de París, proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a dichos niveles), deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no disparar las emisiones de CO2 a la atmósfera. En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía ya calculó en 2012 que por lo menos dos terceras partes de esas reservas tendrían que quedarse bajo tierra. En consecuencia, no resulta coherente seguir buscando nuevos yacimientos de combustibles fósiles.

En ese sentido, permitir nuevas exploraciones o investigaciones de hidrocarburos sólo conllevaría que se pudieran poner en marcha las explotaciones de los yacimientos que eventualmente se descubriesen. Eso imposibilitaría, o al menos ralentizaría de forma significativa, lograr el objetivo, fundamental para nuestra propia supervivencia, de lograr un sector energético profundamente descarbonizado, eficiente e inteligente, basado al 100% en las energías renovables en el 2050 y libre de energías sucias.

La ciudadanía, afortunadamente, es cada vez más consciente de estas cuestiones. Así, en las conclusiones del sondeo internacional World Wide Views Climate and Energy (que fue promovido por la ONU y por el Gobierno francés de cara a la Cumbre de París sobre cambio climático de diciembre de 2015) se mostró que el 69,2% de los españoles aboga por “suspender definitivamente la exploración de todas las reservas de combustibles fósiles”.

Este estado de opinión de la sociedad española ya se ha traducido en algunos hechos concretos. Uno sería el rechazo generalizado a los proyectos de búsqueda de gas con la técnica del fracking, en todas las comunidades autónomas donde se han planteado. Otro, los movimientos surgidos contra las prospecciones de hidrocarburos en aguas profundas, por un lado en Canarias, contra los sondeos exploratorios de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y, por otro, en las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, especialmente en las Islas Baleares, contra un conjunto de proyectos de diversas compañías petroleras nacionales y extranjeras.

En esta última zona cabe destacar a la Alianza Mar Blava, una plataforma intersectorial nacida en 2013 en las Islas Baleares y constituida actualmente por más de 120 entidades del sector privado (sector del turismo, la pesca, la agricultura o el náutico), la sociedad civil y la Administración pública (incluyendo el Govern Balear, los Consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, una veintena de ayuntamientos de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Barcelona), cuyo objetivo es la protección del mar Mediterráneo y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético.

El trabajo desarrollado por la Alianza Mar Blava a lo largo de estos años ha contribuido significativamente a lograr el archivo de cuatro proyectos de prospecciones de hidrocarburos en la demarcación marina levantino-balear así como a la declaración como Área Marina Protegida y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Corredor de Migración de Cetáceos, un área de más de 46.000 km2 que discurre entre el golfo de Valencia y el golfo de León enmarcada entre las costas de las Islas Baleares y las de Cataluña y la Comunidad Valenciana, y sobre cuya superficie diversas compañías petroleras han solicitado numerosos permisos de investigación de hidrocarburos.

Cambio de paradigma

En las últimas décadas, la protección ambiental ha evolucionado desde la protección de determinadas especies y lugares concretos a la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y geodiversidad. Así, el alcance actual de la protección ambiental se extiende tanto al complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos, como al llamado medio no viviente con el que actúan como una unidad funcional, integrando así todos los elementos de la definición establecida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y asumida por la citada Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En este contexto, hay que recordar que el entorno abiótico marino es, por tanto, parte integrante de los ecosistemas marinos y también debe ser objeto de protección. Los hidrocarburos ya no pueden ser regulados y gestionados como meros recursos susceptibles de exploración, investigación y explotación debido a su interés energético; se trata de recursos naturales no renovables que forman parte de los ricos ecosistemas marinos a conservar.

Así pues, el límite para la exploración, investigación y explotación de los hidrocarburos mar adentro ya no puede ser únicamente la capacidad tecnológica, sino que se hace necesario reservar grandes áreas de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, no sólo por la protección de los ecosistemas marinos y la diversidad biológica de estos espacios, sino por la necesaria preservación de la geodiversidad que representan estos recursos naturales no renovables.

Ello tiene además adecuado encaje con la facultad que la Unión Europea reconoce que conservan los Estados miembros para determinar dentro de sus territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de esas actividades, en la Directiva de prospecciones, exploración y producción de hidrocarburos (Art. 2 de la Directiva 94/22/CE).

Acogiéndose a esta visión conceptual, la Alianza Mar Blava promovió a principios de 2017, a través del Parlament balear (donde se aprobó por unanimidad), para su discusión en las Cortes Generales, una Proposición de Ley para proteger el Mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Lamentablemente, una vez iniciado su recorrido en el Congreso de los Diputados, el Gobierno Rajoy vetó su tramitación parlamentaria, con el apoyo de los representantes del Partido Popular y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, basándose en un informe anónimo y plagado de falsedades, en el cual solo consta el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero no lleva firma alguna, y por lo tanto deja sin identificar a la persona que lo realizó y se responsabiliza de su falaz contenido.

Anclado en una política energética obsoleta, el MINETAD se refugia en lo que califica como “innegable interés estratégico” de los hidrocarburos para continuar con las actividades de búsqueda de nuevos yacimientos de estos combustibles fósiles. Ese supuesto interés estratégico no está justificado ni con los hechos económicos (pues la posible variación de nuestra actual dependencia energética exterior mediante la explotación de potenciales recursos de hidrocarburos sería absolutamente despreciable) ni con la superioridad estratégica que tiene para toda la Unión Europea (y por tanto también para España) los objetivos de lucha contra el cambio climático para el 2020, 2030 y 2050, así como el Acuerdo de París, también ratificado por España y que nos obliga a una descarbonización profunda de nuestra economía. Y todo ello sin olvidar nuestros compromisos dentro de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020.

Entre tanto, Francia nos ha tomado la delantera. En efecto, el Gobierno francés ha aprobado ya una ley para poner fin a la producción de hidrocarburos en todo el territorio galo. Así, el 19 de diciembre de 2017, su Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley del Gobierno Macron por medio de la cual Francia se convierte en el primer país del mundo en prohibir de forma efectiva la producción de hidrocarburos en su territorio.

La flamante y reciente ley francesa prohíbe con efecto inmediato el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Francia se convierte así en una referencia, en un ejemplo a seguir, no tanto porque sea un gran productor de hidrocarburos, que no lo es, sino porque se trata de una medida tomada por una potencia económica con gran influencia mundial. De esta forma, Francia lanza un mensaje muy importante al resto de la comunidad internacional sobre lo que es tomarse en serio el desafío del cambio climático.

El PSOE ha presentado en el Congreso una nueva Proposición de Ley en ese sentido, basándose en el texto que preparó Alianza Mar Blava para la del Parlament balear, pero esta vez teniendo como ámbito de aplicación todas las aguas marinas que estén bajo jurisdicción española.

Esperemos que, en esta nueva ocasión, el sentido común y la coherencia se impongan y el Gobierno Rajoy no vete la tramitación de esa iniciativa parlamentaria y ésta se apruebe, de modo que las aguas de nuestros mares y océanos queden libres de la amenaza de las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. De este modo, España seguiría, aunque fuera sólo un poquito, el ejemplo ya citado de Francia en materia de descarbonización de nuestra economía.

En definitiva, los tiempos están cambiando y el de los combustibles fósiles está llegando a su fin. No porque éstos se estén agotando, sino porque nos urge dejar de utilizarlos. Debemos tomar medidas urgentes para eliminarlos cuanto antes de nuestro modelo energético.

Ver artículo original en CTXT

Página 2 de 59
© 2018 Alianza Mar Blava