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Ya podéis escuchar lo que dijeron todos los intervinientes (tanto los diputados de los grupos parlamentarios como nuestros técnicos) en las jornadas parlamentarias que hicimos el día 21 de junio en el Congreso de los Diputados, en colaboración con APDDA, sobre la Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

 

Las jornadas llevaban por título: “¿Cetáceos o prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo? En defensa de la fauna marina y del turismo”. (Congreso de los Diputados, Madrid, 21/06/2017).

Los vídeos están en el canal de APDDA en YouTube.

 

Presentación (Ch. Yuste) y Abel La Calle (jurista de Aliança Mar Blava):

 

Ángels Nogales (gerente de Fomento de Turismo de Ibiza):

 

Jaume Estarellas (biólogo del Consell Insular de Eivissa):

 

Debate de los portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley promovida por el Parlamento balear ante las Cortes Generales «sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales». En este vídeo intervienen Alberto Herrero (PP), Pere Joan Pons (PSOE) y Toni Cantó (Ciudadanos).

 

Continúa el debate. Intervienen Xavier Eritja (ERC), Joan Baldoví (Compromís) y Josep Vendrell (Unidos Podemos-En Comú-En Marea).

 

Conclusiones por Chesús Yuste y turno del público (respuesta de A. Herrero, PP).

 

Y los 6 vídeos encadenados en:

La Mesa del Congreso confirmó ayer -con los votos del PP y Ciudadanos- el veto del Gobierno a la proposición de ley aprobada por todos los partidos en el Parlament balear para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.

La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que considere que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta iniciativa de Baleares.

El Gobierno alega que su aprobación implicaría una reducción de ingresos de 4,7 millones de euros, así como un aumento del gasto por encima de los 160 millones de euros para compensar a las empresas petrolíferas.

Para la Alianza Mar Blava, agrupación que lucha contra las instituciones y que incluye a las instituciones de las Islas, esta afectación al presupuesto es «ficticia y contraria a la realidad».

«Ninguno de los argumentos que se expresan en el informe del Gobierno afecta al presupuesto corriente, que es precisamente el requisito jurídico de la oposición gubernamental a las Proposiciones de Ley, por lo tanto, la Mesa del Congreso podría obviar la oposición del Gobierno con la simple consideración de que no afecta al presupuesto corriente y, por ello, no se ajusta al requisito reglamentario», apuntan.

La Alianza apunta que el escrito de disconformidad del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes no concretaba los motivos de la disconformidad y, para ello, se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía y Turismo «pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y se responsabilizara de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar».

El Gobierno señala que la propuesta de ley «podría suponer un impacto presupuestario mínimo» respecto del reciente impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo o condensados (Ley 8/2015 y Orden HAP/1349/2016). No obstante, la estimación que realiza de cuatro millones setecientos mil euros, «no identifica de qué sondeos o campañas sísmicas saldría, ni a qué presupuestos se está refiriendo».

El segundo y último argumento del Gobierno es que «la disposición adicional de la Proposición establece la imposibilidad de prórroga de las concesiones vigentes, por lo que afecta a todas las concesiones de explotación vigentes en la actualidad en el Mar Mediterráneo, de competencia estatal, y denominadas Montanazo-D, Casablanca, Rodaballo, Lubina y Angula, con derecho a, al menos, una prórroga».

El Gabinete del Ministerio parte de que los concesionarios tendrían «derecho a, al menos, una prórroga», sin embargo oculta información que es transcendental en relación a las supuestas responsabilidades patrimoniales de la Administración Pública por la denegación de prórrogas establecida en la proposición de ley.

En primer lugar, las concesiones se otorgan a los concesionarios por treinta años y las prórrogas no son ni automáticas, ni obligatorias para la Administración Pública. El concesionario las solicita y la Administración Pública tiene la facultad de denegarlas, si como en este caso, existe un interés general que lo impide (como la protección del Mediterráneo) o un incumplimiento del concesionario.

El conseller de Medio Ambiente del Govern, Vicenç Vidal, ha acusado a PP y a Cs de «hipocresía», y la parlamentaria de Cs, Olga Ballester, ha dicho que ellos también están «indignados» con este asunto y buscarán «otras vías».

Ballester ha dicho que «la Mesa no se puede oponer ya que si lo hace se acaba yendo al Tribunal Constitucional (TC)». Pero Vidal ha respondido que tanto PP como Cs «han fallado a sus votantes» de Baleares: «Les han engañado aquí y en Madrid».

Ver artículo original en El Mundo

Ya es oficial. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) se han unido y han ratificado el veto, totalmente injustificado, del Gobierno Rajoy a la tramitación de nuestra Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos.

Pese a que la Proposición de Ley había sido apoyada unánimemente en el Parlament Balear por todos los partidos políticos incluido el Partido Popular y Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados estos dos partidos se han unido para impedir la tramitación de la Proposición de Ley.

Seguiremos adelante sin desanimarnos hasta que consigamos la protección legal del Mediterráneo frente a las actividades de exploración investigación y explotación de hidrocarburos. Todo este trabajo que se ha hecho ahora es muy importante y no se va a desaprovechar. Hay que seguir con ánimo y con fuerza. Gracias a todos y todas.

Buenos días:

Esta mañana se reúne la Mesa del Congreso para debatir si acepta el veto del Gobierno que preside Mariano Rajoy a la Proposición de Ley de protección de las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos.

La Mesa del Congreso tiene la facultad de admitir la referida proposición de ley, aun existiendo disconformidad del Gobierno, como ha puesto de manifiesto el informe de los servicios jurídicos de la Cámara en marzo de 2017.

Alianza Mar Blava espera que Ciudadanos sume sus votos a los del PSOE y Unidos Podemos en la Mesa del Congreso para levantar el veto del Gobierno a la tramitación de la Proposición de Ley.

Tenemos el gusto de adjuntarles el informe que ha preparado la Alianza Mar Blava sobre el veto del Gobierno a la citada Proposición de Ley.

El resumen de este informe es el siguiente:

La decisión del Gobierno central de vetar la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos se basa en argumentos de escasa relevancia o, directamente, falsos.

En primer lugar hay que decir que ninguno de los argumentos que se expresan en el informe del Gobierno afecta al presupuesto corriente, que es precisamente el requisito jurídico de la oposición gubernamental a las Proposiciones de Ley, por lo tanto, la Mesa del Congreso podría obviar la oposición del Gobierno con la simple consideración de que no afecta al presupuesto corriente y, por ello, no se ajusta al requisito reglamentario.

Sobre los argumentos empleados por el Gobierno en su informe:

El primero es que el Gobierno manifiesta que, con respecto al reciente impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo o condensados (Ley 8/2015 y Orden HAP/1349/2016), la Proposición de Ley: «podría suponer un impacto presupuestario mínimo». El propio Gobierno reconoce que sería mínimo. No obstante, la estimación que realiza de cuatro millones setecientos mil euros (4,7 M€), no identifica de qué sondeos o campañas sísmicas saldría ni en qué momento se devengarían, por lo que incluso la cantidad podría estar sobreestimada.

En cuanto al segundo y último argumento resulta contrario a la lealtad institucional por su carácter ficticio y contrario a la realidad. Argumenta el Gobierno que con la aplicación de esta Proposición de Ley no se podrían dar nuevas prórrogas de las concesiones (eso es obvio) y que (y esto es totalmente falso) el Gobierno estaría obligado a darlas, al menos una, y que, por tanto, se vería sujeto a posibles reclamaciones patrimoniales. Ese argumento falta a la verdad puesto que el promotor puede pedir las prórrogas pero el Estado no está obligado a darlas.

En el informe se dan más detalles al respecto.

Un cordial saludo

Archivos adjuntos

170626 [[ALC-AMB] Análisis del informe del veto del Gobierno.pdf

 

 

COMUNICADO DE PRENSA
26 de junio de 2017

Alianza Mar Blava lamenta el veto del Gobierno a la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos

EL VETO DEL GOBIERNO RAJOY DEMUESTRA SU DESPRECIO HACIA LA SOCIEDAD BALEAR Y LA HIPOCRESÍA DE SU DISCURSO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Mar Blava pide a Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos que sumen sus votos en la Mesa del Congreso para levantar el veto del Gobierno a la tramitación de la Proposición de Ley

Alianza Mar Blava considera inaceptable la decisión del Gobierno central de vetar la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual se basa en argumentos de escasa relevancia o, directamente, falsos.

El viernes pasado 23 de junio, a las 19.30 de la tarde, escasos momentos antes de concluir el plazo de treinta días que tenía el Gobierno para manifestar su conformidad con la Proposición de Ley, el Gobierno central envió a la Mesa del Congreso un escrito oponiéndose a la tramitación de esta Proposición de Ley, al argumentar que su aprobación supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios.

Mar Blava considera que esa lamentable decisión del Gobierno Rajoy demuestra su nulo interés por la protección medioambiental del Mediterráneo, su falta de apoyo al turismo, la hipocresía de su supuesto compromiso con la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, así como el enorme desprecio que ese veto supone hacia toda la sociedad balear y a todos sus representantes políticos, pues esta Proposición de Ley fue impulsada por la Alianza Mar Blava y entregada al Parlament balear, donde obtuvo un respaldo unánime.

Curiosamente, mientras el Gobierno Rajoy se oponía a proteger las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, el Gobierno francés anunciaba para este próximo otoño la aprobación de una Ley para prohibir en toda Francia y en sus territorios de ultramar la exploración de hidrocarburos. Toda una demostración de voluntad política por parte del Ejecutivo galo, voluntad de la que carece el Gobierno Rajoy.

La Alianza Mar Blava insiste en la validez legal de esta Proposición de Ley: “Es perfectamente legal que cualquier Estado declare la no explotación de un determinado recurso en todo o en parte de su zona económica exclusiva o de su plataforma continental. La explotación de los recursos naturales se concibe siempre como una facultad y no como una obligación”.

No obstante, este veto del Gobierno puede ser levantado por la Mesa del Congreso. La Mesa, conforme a su función de calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos (artículo 31.1 del Reglamento del Congreso de Diputados) tiene ahora la decisión de admitir la proposición de ley de protección del Mediterráneo, a pesar de la disconformidad planteada por el Gobierno. La Mesa tiene la facultad de admitir la referida proposición de ley, aun existiendo disconformidad del Gobierno, como ha puesto de manifiesto el informe de los servicios jurídicos de la Cámara en marzo de 2017.

Dado que hay razones de peso para ello, Alianza Mar Blava pide a Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos que sumen sus votos en la Mesa del Congreso para levantar el veto del Gobierno a la tramitación de esta Proposición de Ley. En la Mesa del Congreso, el PP tiene 3 votos, Ciudadanos 2, PSOE 2 y Podem otros 2, por lo que si estos tres últimos partidos se ponen de acuerdo, el PP se quedaría en minoría y el veto se podría levantar.

No debería haber ninguna dificultad para llegar a ese acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. De hecho, en las jornadas parlamentarias organizadas por Alianza Mar Blava y la asociación parlamentaria APDDA el pasado miércoles 21 de junio en el Congreso de los Diputados sobre esta Proposición de Ley, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara, lo que la Alianza agradece sinceramente. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó de forma reiterada que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Por otro lado, se demostraron falsas las declaraciones del representante del Partido Popular en la mesa redonda de esas jornadas, donde, en su intervención final, preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

El informe de veto del Gobierno tiene dos argumentos. El primero es que el Gobierno manifiesta que, con respecto al reciente impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo o condensados (Ley 8/2015 y Orden HAP/1349/2016), la Proposición de Ley: «podría suponer un impacto presupuestario mínimo». El propio Gobierno reconoce que sería mínimo. No obstante, la estimación que realiza de cuatro millones setecientos mil euros, no identifica de qué sondeos o campañas sísmicas saldría ni en qué momento se devengarían, por lo que incluso la cantidad podría estar sobreestimada.

En cuanto al segundo y último argumento resulta contrario a la lealtad institucional por su carácter ficticio y contrario a la realidad. Argumenta el Gobierno que con la aplicación de esta PL no se podrían dar nuevas prórrogas de las concesiones (eso es obvio) y que (y esto es totalmente falso) el Gobierno estaría obligado a darlas, al menos una, y que, por tanto, se vería sujeto a posibles reclamaciones patrimoniales. Esa argumento falta a la verdad puesto que el promotor puede pedir las prórrogas pero el Estado no está obligado a darlas.

El veto del Gobierno Rajoy a la PL entra en plena contradicción con las declaraciones que el propio Presidente del Gobierno realizó el pasado 25 de mayo, en su intervención en la inauguración de las Jornadas “España, Juntos por el Clima”, que tuvieron lugar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente cuando dijo que España estará a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y por la descarbonización de nuestra economía.

FIN DE COMUNICADO
Para más información, llamar a: Carlos Bravo (626 99 82 41), Jaume Estarellas (670 74 84 18), Joan Carles Palerm (635 67 68 41).

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