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Mientras que el Gobierno francés ha decidido aprobar una ley para poner fin a la producción de hidrocarburos en todo el territorio galo, aquí en España, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de Mariano Rajoy sigue anclado en planteamientos de épocas pretéritas, ajeno a la realidad cada vez más preocupante del cambio climático, apostando por la continuidad en la búsqueda y en la explotación de estos combustibles fósiles, en lugar de emprender el camino hacia la necesaria descarbonización urgente de nuestra economía.

Hace años, en 2011, Francia, siendo Presidente de la República el conservador Nicolás Sarkozy, prohibió por ley la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica (fracking) para la exploración y explotación de hidrocarburos. También se instauró una moratoria a las prospecciones de gas y petróleo en aguas del Mediterráneo bajo jurisdicción francesa.

Ahora Francia va más allá: hace unas semanas, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, Nicolás Hulot, presentó el Proyecto de Ley que establecerá el proceso de salida, progresiva e irreversible, de la producción de petróleo y gas en la totalidad del territorio francés, con el horizonte puesto en 2040. Esa Ley, establecerá, que, inmediatamente tras su entrada en vigor, no se concederá ningún nuevo permiso de exploración e investigación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, ni en tierra ni en el mar.

Igualito que en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy vetó el pasado mes de junio en la Mesa del Congreso de los Diputados, con el apoyo del partido Ciudadanos de Albert Rivera, la tramitación de una Proposición de Ley para proteger las aguas españolas del mar Mediterráneo de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

El veto del Partido Popular a esa Proposición de Ley, impulsada desde el Parlamento balear, donde se aprobó por unanimidad (y por tanto también con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular en esa cámara autonómica), se basa en un informe anónimo y plagado de falsedades. Es un informe con el membrete del Gabinete del MINETAD pero en el que no se identifica a la persona que lo ha realizado y que tendría que responsabilizarse de su contenido. El hecho de que el citado informe del MINETAD aporte sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

De forma incongruente, como aparece en otros informes recientes, el MINETAD sigue defendiendo que “la actividad de exploración e investigación de hidrocarburos tiene un innegable interés estratégico como forma de contribuir a nuestra seguridad de abastecimiento energético, pero también para crear nuevas oportunidades de crecimiento económico”. Y lo dice al tiempo que con su política energética ha sistemáticamente ignorado el enorme potencial de la eficiencia energética e impedido que mejoremos nuestra seguridad energética aprovechando al máximo nuestros recursos renovables, pese a su gran capacidad de creación de empleos y el impulso económico que conllevaría. El mismo Gobierno que mantiene un execrable “impuesto al sol”, único en el mundo.

Volviendo a Francia, de acuerdo a este Proyecto de Ley, no se permitirá la presentación de nuevas solicitudes de permisos de exploración e investigación de hidrocarburos, las numerosas solicitudes actualmente planteadas serán rechazadas y archivadas, y las concesiones en explotación actualmente existentes serán respetadas pero progresivamente extinguidas, de modo que en el 2040 ya no habrá ninguna activa y se habrá puesto fin a la producción de hidrocarburos en todo su territorio.

La ya mencionada Proposición de Ley del Parlamento balear, promovida a iniciativa de la Alianza Mar Blava, coincide en esas premisas pues plantea que 1) se no se concedan nuevos permisos de exploración investigación y explotación de hidrocarburos, 2) que se archiven los que estén actualmente en fase de tramitación y 3) que las explotaciones de hidrocarburos cuya concesión fuera anterior a la entrada en vigor de la ley permanezcan vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Un planteamiento totalmente razonable y que no supondría jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes.

El anuncio del Gobierno galo se enmarca en su “Plan Climático”, presentada por Hulot a principios del pasado mes de julio, el cual fue una promesa de campaña de Emmanuel Macron a la Presidencia. Éste ha afirmado que Francia está “a la vanguardia de esta ambición (terminar con los hidrocarburos)”.

Se supone que también en esa misma onda está nuestro Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el cual en su Intervención en la apertura de las Jornadas de Debate sobre la Futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el 25 de mayo de 2017, afirmó que “España ‘quiere estar a la vanguardia del compromiso’ en la lucha contra el cambio climático”, titular destacado por el Gabinete de Prensa de La Moncloa. En ese gran discurso, Rajoy también dijo: “Si hay un campo donde debemos ser ambiciosos es este [la lucha contra el cambio climático]. Por eso debemos seguir sumando pasos positivos con una meta clara en mente: la descarbonización de nuestra economía.” Pues a ver si es verdad.

En la presentación del citado Proyecto de Ley, Nicolás Hulot afirmó que Francia está comprometida a cumplir con sus compromisos asumidos durante el Acuerdo de París sobre el clima y animar a que otros países sigan el mismo camino. Con esta nueva ley, Francia pretende dar desalentar el uso de hidrocarburos, para avanzar en la reducción de sus emisiones de gas de efecto invernadero.

Habrá quien critique la decisión del gobierno francés argumentando que es más bien simbólica pues Francia importa el 99% de su petróleo. Bueno, sí, ese dato es cierto, pero España también está en esa misma situación y, sin embargo, no tiene la misma constructiva actitud. La diferencia es que mientras Rajoy y el Partido Popular se quedan sólo en las palabras, en Francia ya han pasado a los hechos y están ya legislando al respecto. Se diga lo que se diga, es un buen ejemplo a seguir.

Ver artículo original en 20minutos

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN ESPECIAL “ALIANZA MAR BLAVA”  DEL VINO BLANC PESCADOR  E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN DEL MEDITERRÁNEO FRENTE A LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS

 

¿QUÉ?

Presentación en el restaurante Yemanjá Ibiza de la edición especial “Alianza Mar Blava” del vino Blanc Pescador, que forma parte del acuerdo de patrocinio de Alianza con Bodegas Perelada, así como de la colaboración del grupo de empresas Blue Marlin Ibiza con la Alianza.

Además, Alianza Mar Blava explicará la situación actual en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, así como del estado del proceso de declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como ZEPIM y de los expedientes de proyectos de prospecciones que siguen en tramitación por parte del Gobierno español.

¿CUANDO?

Viernes 11 de agosto de 2017 a las 12:00 horas.

¿DONDE?

Restaurante Yemanjá Ibiza. Cala Jondal, s/n, 07840 Ibiza.

¿QUIEN?

  • Simone Pellegrini, Food and Beverage Manager de Blue Marlin Ibiza.
  • Larry Barroso, Delegado comercial en Baleares de Bodegas Perelada.
  • Carlos Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de Alianza Mar Blava.

El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.

Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.

Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).

La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.

En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.

Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Su disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo.

Como explicita el citado informe “Del contenido del artículo pudieran derivarse minoración de ingresos tales como los representados por los cánones de exploración, investigación y explotación sobre hidrocarburos y otras sustancias minerales al día de entrada en vigor del texto legislativo propuesto (el siguiente al de su publicación en el BOE), así como un eventual incremento de gastos derivados de las posibles indemnizaciones que el Estado habría de abonar a las empresas beneficiarias de las concesiones afectadas. Ahora bien, dichos efectos quedan automáticamente anulados por la virtualidad de su Disposición Adicional que mantiene el régimen concesional vigente hasta su extinción ordinaria”.

Es obvio, pues, que no hay motivos que pudieran justificar en modo alguno un posible veto del Gobierno a la tramitación de esta Proposición de Ley. Ante esa situación, el Gobierno ha tenido que optar por basar en mentiras su argumentación.

En primer lugar, hay que decir que ninguno de los falsos argumentos que se expresan en el informe del Gobierno Rajoy afecta al presupuesto corriente, que es precisamente el único requisito jurídico que permite la oposición gubernamental a las Proposiciones de Ley.

Por lo tanto, por ese motivo, los representantes de Ciudadanos y del Partido Popular en la Mesa del Congreso no deberían haber tenido en cuenta la oposición del Gobierno a la tramitación de esta PL, con la simple consideración de que no afecta al presupuesto corriente y, por ello, no se ajusta al requisito reglamentario.

¿Qué argumentos emplea el Gobierno en su mendaz informe? Dos. El primero es que el Gobierno manifiesta que, con respecto al reciente impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo o condensados (Ley 8/2015 y Orden HAP/1349/2016), la Proposición de Ley: «podría suponer un impacto presupuestario mínimo». El propio Gobierno reconoce que sería mínimo. No obstante, la estimación que realiza de cuatro millones setecientos mil euros (4,7 M€), no identifica de qué sondeos o campañas sísmicas saldría ni en qué momento se devengarían, por lo que incluso la cantidad podría estar sobreestimada. En cualquier caso, insistimos, esa mínima minoración de ingresos no afectaría al presupuesto corriente, pues la PL plantea respetar las concesiones vigentes hasta su extinción ordinaria, dentro de unos años.

En cuanto al segundo y último argumento del Gobierno resulta contrario a la lealtad institucional por su carácter ficticio y contrario a la realidad. Argumenta el Gobierno que con la aplicación de esta Proposición de Ley no se podrían dar nuevas prórrogas de las concesiones (eso es obvio) y que (y esto es totalmente falso) el Gobierno estaría obligado a darlas, al menos una, y que, por tanto, se vería sujeto a posibles reclamaciones patrimoniales. Ese argumento falta a la verdad puesto que el promotor puede pedir las prórrogas pero el Estado no está obligado a darlas. Las concesiones se otorgan a los concesionarios por treinta años y las prórrogas no son ni automáticas, ni obligatorias para la Administración Pública.

El informe tampoco señala ya la mayor parte de las concesiones citadas ya tienen una prórroga otorgada: Casablanca en el Real Decreto 237/2009, Montanazo D en el Real Decreto 1780/2009, Angula en el Real Decreto 1180/2015 y Rodaballo en el Real Decreto 1181/2015.

También omite la información relevante de que Lubina, que tiene otorgada la concesión por treinta años (apartado 2 del Real Decreto 1105/2012), no necesitará prórroga porque según la única operadora del pozo, Repsol, su vida de producción es de 7 años [Repsol, 01/07/2009].

No obstante, este veto del Gobierno aún puede ser levantado por la Mesa del Congreso. Actualmente hay dos escritos, uno del PSOE y otro conjunto de Unidos Podemos, ERC, PDECat, EH Bildu, Nueva Canarias y Compromís, en los que se solicita a la Mesa del Congreso la revisión de la decisión de veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos.

Dado que la Mesa del Congreso debe reunirse para reconsiderar el asunto, Alianza Mar Blava exige a Ciudadanos y al Partido Popular respeto a la legalidad, además de coherencia, y por tanto, la retirada de su apoyo en la Mesa del Congreso al veto del Gobierno Rajoy a la tramitación de esta PL.

Esa lamentable decisión del Gobierno Rajoy demuestra su nulo interés por la protección medioambiental del Mediterráneo, su falta de apoyo al turismo, la hipocresía de su supuesto compromiso con la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, así como el enorme desprecio que ese veto supone hacia toda la sociedad balear y a todos sus representantes políticos, pues esta Proposición de Ley fue impulsada por la Alianza Mar Blava, y entregada al Parlament balear, donde obtuvo un respaldo unánime.

El veto del Gobierno Rajoy a la PL entra en plena contradicción con las declaraciones que el propio Presidente del Gobierno realizó el pasado 25 de mayo, en su intervención en la inauguración de las Jornadas “España, Juntos por el Clima”, que tuvieron lugar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente cuando dijo que España estará a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y por la descarbonización de nuestra economía.

Curiosamente, mientras el Gobierno Rajoy se oponía a proteger las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, el Gobierno francés anunciaba para este próximo otoño la aprobación de una Ley para prohibir en toda Francia y en sus territorios de ultramar la exploración de hidrocarburos. Toda una demostración de voluntad política por parte del Ejecutivo galo, voluntad de la que carece el Gobierno Rajoy.

Damos las gracias a la fundación suiza firmm, Foundation for Information and Research on Marine Mammals (fundación para la información e investigación de mamíferos marinos), por su apoyo a la iniciativa de la Alianza Mar Blava de protección del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) ante el Convenio de Barcelona.

¡¡Gracias firmm!!

La fundación firmm se constituyó en Suiza en 1998 para proteger a los mamíferos marinos y su hábitat natural, el océano. Desde entonces firmm se dedica a la investigación y la protección de los delfines y las ballenas en el Estrecho de Gibraltar. Entre los dos principales objetivos de firmm se encuentran el trabajo de investigación y la transmisión de sus conocimientos al mayor número de personas posible.

Sus locales en España y Suiza sirven de plataforma para científicos y todas las personas interesadas en compartir y profundizar sus conocimientos. En ambos países, realizan excursiones y organizan actos informativos para formar una base de promoción de la comprensión y el amor hacia estos mamíferos y para conseguir sus objetivos, la conservación de ballenas y delfines en su hábitat.

www.firmm.org
facebook.com/stiftungfirmm
@StiftungFirmm

¡¡Buenas noticias!! Varios partidos políticos del Congreso de los Diputados han presentado este miércoles un escrito, basado en los argumentos del informe de Alianza Mar Blava sobre el veto del Gobierno a la Proposición de Ley (PL) de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, pidiendo que la Mesa del Congreso reconsidere el citado veto a esta PL. Se adjuntan ambos documentos,

Se abre, pues, de nuevo la puerta….. al menos un poco.

Es una nueva oportunidad para que Ciudadanos reconsidere su equivocado e incoherente apoyo al veto del Gobierno Rajoy a la tramitación de la PL.

E incluso para que el Partido Popular abandone su postura de veto a esta PL, veto que estaba completamente basado en argumentos erróneos.

 

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