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Mar Blava celebra la propuesta de prohibir nuevos proyectos de investigación de hidrocarburos

Y pide ahora a los grupos parlamentarios que mejoren el texto para evitar la renovación hasta 2042 delas concesiones existentes de explotación de hidrocarburos y el archivo definitivo de las solicitudes deexploración en tramitaciónTambién alerta sobre el posible “efecto llamada” para nuevos proyectos de investigación dehidrocarburos antes de la entrada en vigor de la Ley y pide soluciones

PDF: 200519_CP_Empieza tramitación Ley CCyTE

La Alianza Mar Blava celebra la propuesta de prohibir las nuevas actividades de investigación y exploración de hidrocarburos tanto en el subsuelo marino como terrestre incluida en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado hoy en Consejo de Ministros.  Alianza Mar blava lo califica de una muy buena noticia tras 8 años de trabajo en favor de la protección del Mediterráneo de las actividades ligadas a la investigación, exploración y explotación de hidrocarburos.

Sin embargo, la organización sigue preocupada ya que la prohibición de aprobar nuevos permisos no afecta ni a las explotaciones vigentes ni a las solicitudes en tramitación que permanecen intocadas por el Anteproyecto de Ley. Actualmente hay 5 zonas de extracción de gas y petróleo activas y 22 permisos de investigación de hidrocarburos solicitados en todo estado español.

Por ello, la Alianza Mar Blava pide a los grupos parlamentarios que mejoren el texto, que entrará en tramitación en el Congreso y Senado, con enmiendas para acabar con las actividades de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio y en las aguas de competencia nacional sin más dilación, eliminando la posibilidad de ampliación de las concesiones de explotación de hidrocarburos existentes hasta 2042 y, archivando los permisos de investigación ya en tramitación y aún no concedidos.200519_CP_Empieza tramitación Ley CCyTE

En este sentido, el texto debería inspirarse en la Proposición de Ley sobre la protección del Mar Mediterráneo bajo la jurisdicción española de los daños que pueda producir la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales propuesta por la Alianza Mar Blava, aprobada por unanimidad en dos ocasiones por el Parlamento balear y ahora en toma en consideración en el Congreso.

Además la organización advierte del peligro y pide soluciones para el posible “efecto llamada” ligado a la propuesta de prohibir los nuevos proyectos a partir de la entrada en vigor de la Ley permitiendo, sin embargo,  que las solicitudes de permisos de nuevas exploraciones y explotaciones presentadas antes de su entrada en vigor puedan seguir sus trámites administrativos y, eventualmente prosperar.

La organización advierte de que, en la lucha contra la crisis climática, lo primero es dejar de sacar combustibles fósiles del subsuelo, no ampliar la capacidad de extracción, dado que su quema es la mayor causa de emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, Mar Blava recuerda que, además de dañinos para el medio ambiente, los sitios de extracción de hidrocarburos en el estado español, no son esenciales ni desde un punto de vista de cobertura de la demanda nacional, ni de  empleo o de aportación a la recaudación pública.

La reducción de demanda de hidrocarburos planteada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es mucho mayor a la escasa producción nacional de hidrocarburos. De hecho, ni el gas ni el petróleo que se extraen a nivel nacional llegan a cubrir un 1% de la demanda.

Por otro lado, en una plataforma petrolífera como la Casablanca de Repsol, trabajan unas 100 personas, habiendo en España  5 emplazamientos de extracción de hidrocarburos en activo.

Y desde el punto de vista de la aportación tributaria, la recaudación por el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, petróleo y condensados en 2019 fue de tan solo 611 mil euros.

En virtud de estos datos, la Alianza Mar Blava pide al Congreso y el Senado que prioricen la salud de las personas y el medio ambiente, eliminando la propuesta de ampliación de las concesiones de explotación de hidrocarburos existentes hasta 2042 y, extendiendo la prohibición propuesta también a los permisos de investigación ya en tramitación y aún no concedidos.

FIN DEL COMUNICADO

Para más información: Verónica Núñez, Presidenta de la Alianza Mar Blava, 626 99 82 16 o Sara Pizzinato, Secretaría Técnica de la Alianza Mar Blava, 652 624 607

Video intervención

Video anuncio:

 

Nota de prensa:

200508_COMUNICADO DE PRENSA

8 de mayo de 2020

Buenos días, mi nombre es Flor dell’Agnolo y acudo a esta Junta en nombre del accionista Fundación Finanzas Éticas y actuando como accionista crítica. Impulsamos esta intervención conjuntamente con la Alianza Mar Blava y con Ecofi Investissements, estos últimos miembros como nosotros de la red Shareholders for Change.

Estas tres organizaciones defienden la protección del mar contra los daños de la exploración y explotación de hidrocarburos así como la necesidad de que el accionariado esté informado sobre las actividades e impactos de las empresas sobre la sociedad y el medio ambiente.

Queremos plantear dos cuestiones:

La primera cuestión es acerca de la renovación sin evaluación de impacto ambiental de las concesiones Casablanca y Montanazo D.

1.- El impacto sobre la salud de las personas, del medio ambiente e inclusive de la economía que generan la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar es algo bien conocido. Por eso, por ejemplo, recientemente el Convenio de Barcelona ha decidido prohibir toda actividad ligada al upstream en una amplia franja de mar que sigue la costa levantino balear para proteger la migración de cetáceos en el Mediterráneo.

A pocas millas de este corredor, justo en frente al Parque Natural del Delta del Ebro se ubica el único enclave de extracción de crudo en el mar de competencia nacional: Casablanca, de Repsol. Toma  el nombre de la plataforma del mismo nombre a la que conectan varios pozos en el fondo del mar.

Tanto la concesión de la plataforma Casablanca como uno de varios de sus pozos, están ubicados en un área especialmente sensible ya que, además de estar a pocas millas del protegido Corredor de Cetáceos, se encuentran en una Zona de Especial Interés para las Aves (que incluye el Parque Natural del Delta del Ebro reserva además de la biosfera por la UNESCO desde 2013 y las maravillosas Islas Columbretes).

La plataforma Casablanca recibió en 2018 un permiso de renovación por diez años más. Atención: sin pasar siquiera por evaluación de impacto ambiental. Este hecho ha sido denunciado por la Alianza Mar Blava frente al Tribunal Supremo por incumplimiento de la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental. Señoras y señores accionistas, ¿van a aprobar ustedes la gestión que Repsol ha hecho en este caso? ¿Van ustedes a asumir daños de cualquier incidente que se pueda producir en esta plataforma de extracción? ¿O simplemente cuando llegue el momento van a vender sus acciones huyendo impunemente de la empresa? ¿Van a seguir mientras tanto hablando de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad? Tienen ahora la oportunidad de actuar de forma coherente y tomar una decisión ejemplar considerando los impactos previamente mencionados y el contexto legislativo actual.

Posteriormente, ya en enero de este año 2020, caducaba también la concesión del pozo submarino de extracción de crudo denominado Montanazo-D, adyacente a Casablanca y por lo tanto también en una zona de gran interés ambiental y con grandes riesgos sociales y económicos en caso de producirse cualquier accidente. No se ha realizado ninguna consulta pública al respecto. Por tanto debemos intuir que de nuevo se está intentando renovar la concesión, sin evaluación de impacto ambiental a pesar de su ubicación en un entorno clave para la alimentación de especies en peligro como la Pardela balear o para la migración de los cetáceos soslayando la obligación de evaluación de impacto ambiental que impone la directiva Hábitats. ¿Dónde, cuándo, a quién han presentado el informe de impacto? Lo pueden facilitar a los accionistas? Y señores y señoras accionistas, de nuevo les preguntamos también, ¿van a aprobar la gestión del Consejo de Administración en este caso?

El derrumbe del precio del petróleo muestra el absurdo de seguir extrayendo un producto que el mundo ya no necesita como antes, y que para evitar una crisis climática, habrá que dejar de utilizar cuanto antes, tal y como atestigua el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Además, la producción del conjunto de pozos de Repsol en la zona no aporta una cantidad de crudo esencial para el abastecimiento de la demanda nacional de petróleo, siendo su contribución el 0.07% de la demanda nacional. Pero lo peor es hacerlo irresponsablemente evitando el cumplimiento de todas las garantías ambientales tanto para cada concesión como teniendo en cuenta los efectos acumulativos de todas ellas sobre el medio ambiente.

Por tanto, le formulamos una primera pregunta. ¿Que tiene que responder el Consejo de administración ante la denuncia que ha interpuesto la Alianza Mar Blava frente al Tribunal Supremos en contra de la ampliación de la concesión a la Casablanca (y en su caso de Montanazo-D) por no haber realizado Evaluación de impacto ambiental? ¿Cómo valora el riesgo social, ambiental, económico y reputacional en caso de un fallo del Tribunal Supremo a favor de las demandas de Mar Blava? Y aún sin fallo revocatorio, están dispuestos a asumir la responsabilidad jurídica, civil, económica y penal de cualquier daño ambiental que esta vieja explotación pueda generar en el entorno?

La segunda cuestión es acerca del compromiso de Repsol con un escenario 100% renovable en un mundo en crisis que ya  se está replanteando su dependencia del petróleo.

El pasado 20 de abril, la cotización del Texas llegaba a valores negativos. Por primera vez en la historia no solo el crudo no valía nada sino los productores estaban dispuestos a pagar a los compradores por llevarse el crudo, fruto de una fuerte reducción de la demanda por la crisis del coronavirus y de la incapacidad de los productores de ponerse de acuerdo para reducir su extracción. ¿Para qué entonces seguir extrayendo y buscando un crudo que el mundo ya no necesita como antes? Es más, si la salida de la crisis global por coronavirus se hace, como todo apunta en clave de transición energética, ya no volveremos a los mismos niveles de demanda de crudo.

Las actividades de upstream exponen por lo tanto a la compañía a una mayor vulnerabilidad. Los activos para la extracción y exploración de hidrocarburos se transformarán pronto en activos varados. Ya lo sabíamos pero esta crisis nos está diciendo que los plazos para que esto ocurra serán probablemente inferiores a los que cabía pensar antes de ella. Paralelamente, las energías renovables no han sufrido tanto como el crudo, así que, un Consejo de Administración eficaz y bien motivado de una empresa histórica como Repsol debería plantearse que el derrumbe del precio del petróleo es una ocasión para ponerse al día, situarse como un referente para la transición, impulsando un cambio en los ámbitos social, económico y energético impulsando decididamente la transición hacia una compañía descarbonizada y comprometida con el abandono de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Entonces aclárenos por favor ¿por qué plantear hoy un retraso en las inversiones en energías renovables del Plan a 2020-2025 necesarias para cumplir con el compromiso de la compañía de liderar la transición energética, cuando es justo el momento para que la compañía salga de la crisis más verde que antes?

¿No le parece que estamos asumiendo riesgos enormes e innecesarios para las personas, el medioambiente y la viabilidad económica de la misma empresa?

¿No debería Repsol revisar su gestión de riesgos y su estrategia climática?

Muchas gracias por su atención, y de antemano por sus respuestas.

 

El Consell de Govern ha acordado conceder una subvención de 25.000 euros a la asociación Alianza Mar Blava para financiar una parte de los gastos de los proyectos de protección del Mediterráneo en el ámbito balear que lleva a cabo la entidad ante las prospecciones y explotaciones de hidrocarburos.

Según ha explicado la portavoz del Govern, Pilar Costa, en rueda de prensa, el interés público del proyecto de la entidad radica en la defensa de la riqueza ambiental del Mediterráneo y de sus costas ante actividades que constituyen una amenaza, como las prospecciones petrolíferas y el ruido submarino.

También son objeto de la subvención las actividades de promoción de un nuevo modelo energético basado en la eficiencia y en las energías renovables.

Ver noticia en europapress.es

Firma del convenio 2019-05-14

El Ayuntamiento de Santa Eulària y la Alianza Mar Blava han renovado esta semana su colaboración en la lucha contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo que aún se están tramitando. El Consistorio aportará 8.000 euros para mantener la actividad de esta entidad de forma que pueda seguir vigilando la tramitación de los diferentes expedientes administrativos en curso.

 

Enlace a periodicodeibiza.es

Las Islas Baleares ya disponen de un marco legal para poder iniciar su proceso de transición hacia un sistema energético descarbonizado, eficiente y 100% renovable. En efecto, el pasado 12 de febrero el Parlament balear aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de esta comunidad autónoma.

Desde la Alianza Mar Blava queremos felicitar la aprobación de esta ley tan necesaria, la cual, aunque sea mejorable, es sin duda un buen punto de arranque para transformar el lamentable sistema energético balear actual (tremendamente dependiente de los combustibles fósiles en todos los sectores) en otro mucho más sano, limpio, seguro y sostenible, basado en la eficiencia y las energías renovables.

Los objetivos generales de esta nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares (LCCyTE) son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará, además de impulsar la democratización de la energía y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

El conjunto de medidas previstas en la citada ley, permitirán, según lo que en ella se establece, una reducción de las emisiones de CO2 del 40% en 2030 y de un 90% para el 2050, siempre tomando como año base el 1990.

Para lograrlo, esta Ley plantea la estabilización y el decrecimiento de la demanda energética, por un lado, y lograr la reducción de la dependencia energética exterior y el avance hacia un escenario con la máxima autosuficiencia energética (entendida ésta como la capacidad de generar en el territorio balear la mayor parte de la energía que en éste se consume).

Ello implica el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo primario en un 26% para 2030 y un 40% para 2050 con respecto a los niveles de 2005) y aumentar la capacidad para generar, mediante energías renovables, en el territorio de las Islas Baleares al menos el 70% de la energía final que se consuma en el 2050.

En este contexto de llegar a tener un 70% de autosuficiencia energética, la ley se plantea que en 2050 el 100% de la electricidad que se produzca en Baleares sea mediante energías renovables (y un 35% en 2030).

En torno a este planteamiento surgen algunas preguntas como ¿por qué el nivel de autosuficiencia energética de Baleares debe ser un 70% y no un 90% o incluso un 100%? De hecho la isla de Menorca se ha planteado un objetivo propio de tener una autosuficiencia de un 85%, basándose en la eficiencia energética y en una generación de energía 100% renovable ¿Va ser siempre necesaria, en el escenario a 2050 (con un sistema de generación teóricamente muy descentralizado y basado en energías renovables), la interconexión eléctrica con la península para garantizar el suministro en las Baleares? En caso de que sí fuera necesario: ¿tiene que aumentarse próximamente el grado de interconexión con respecto al ahora existente?

En las Islas Baleares la generación de electricidad está, a día de hoy, predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas). A finales de 2018, en toda la comunidad autónoma sólo había 4,5 MW instalados de energía eólica y 80 MW de solar fotovoltaica, según datos de Red Eléctrica de España.

En Mallorca la principal instalación termoeléctrica es la central de carbón de Es Murterar, en la bahía Alcudia (Mallorca), con 585 MW (4 grupos de vapor que consumen hulla, que suman 510 MW, y 2 unidades de reserva basadas en turbinas de gas, con un total de 75 MW, que queman gasoil como combustible). La LCCyTE plantea el cierre de los grupos 1 y 2 de carbón de Es Murterar en 2020 y de los grupos 3 y 4 en 2025. Para las centrales de ciclo combinado con gas natural de Cas Tresorer y Son Reus, la ley prevé incrementar su uso de forma transitoria mientras se incorporan las energías renovables.

En Menorca, se prevé la conversión de la central térmica de Maó, que actualmente quema fuel y gasoil, a gas natural, transformación que es urgente. Igualmente, en Ibiza se pretende la eliminación del uso de fuel y gasóleo en su central térmica para que ésta funcione solo con gas natural. En Formentera también se genera electricidad con una turbina de gas a base de gasóleo, central cuyo cierre también está previsto en la LCCyTE.

En cuanto al transporte terrestre, su Disposición adicional tercera establece, en relación con los vehículos de combustión interna, que:

  1. a) A partir del 1 de enero de 2025 quedará prohibida la circulación en las Illes Balears de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible, salvo aquellos vehículos respecto a los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma.
  2. b) A partir del 1 de enero de 2035, quedará prohibida la circulación en las Illes Balears de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones, salvo aquellos vehículos respecto a los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en las Illes Balears.

Esta ha sido una de las medidas de la LCCyTE que más críticas han suscitado en determinados sectores.

Otro aspecto interesante de la LCCyTE es que incorpora en su articulado la perspectiva climática de forma transversal en la actividad legislativa y de planificación. Es decir, establece que toda nueva ley o política pública (leyes, reglamentos, presupuestos generales, instrumentos de planificación territorial, etc.) deberá evaluar si su aplicación supone aumentar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y si es apropiada ante nuevas vulnerabilidades derivadas del cambio climático.

Consenso político

A lo largo de su recorrido como Anteproyecto de Ley y posteriormente en la tramitación parlamentaria del posterior Proyecto de Ley aprobado por el Govern balear, la Alianza Mar Blava siempre defendió que, dada la urgencia de actuar frente al problema del cambio climático, la LCCyTE debía contar con el máximo apoyo político posible y que además fuese avalada por la inmensa mayoría de la sociedad civil, el sector privado y las Administraciones públicas de las islas Baleares.

Es decir, que la LCCyTE fuera considerada como una ley de las Islas Baleares y no la ley de un determinado Govern, con el fin de que, una vez aprobada, pudiera ser desarrollada y aplicada de forma efectiva, sin contratiempos ni retrocesos, no sólo en la próxima legislatura (tras las elecciones del 26 de mayo de 2019) sino en un marco temporal mínimo de más de una década (hasta 2030) y más allá.

En ese sentido, la primera buena noticia se produjo el 29 de octubre de 2018, cuando en una jornada de debate entre los grupos parlamentarios organizada por la Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation en el Parlament balear todos los grupos parlamentarios manifestaron públicamente su acuerdo en que, pese a algunas discrepancias con el texto enviado por el Govern para su tramitación en la cámara, era necesario que las Islas Baleares contaran con una LCCyTE ambiciosa y ampliamente consensuada para que dicha ley pudiera tener una eficaz aplicación en el corto, medio y largo plazo. Eso se concretó en que ningún partido político balear presentó enmiendas a la totalidad al proyecto de LCCyTE.

La lucha contra el cambio climático necesita de un amplio y estable consenso político para avanzar con certidumbre y eficacia en la indispensable transición energética hacia la descarbonización profunda de la economía

El pasado 20 de febrero, una semana después de que la ley fuera aprobada en el Pleno del Parlament balear, en otra mesa redonda de partidos políticos, moderada por Alianza Mar Blava dentro de un evento organizado en Palma por el proyecto WinWind, todos los partidos políticos presentes (PP, PSOE, Podem, Mès por Mallorca, Més per Menorca y El Pi) manifestaron su apoyo a la LCCyTE y a la necesidad de avanzar en la transición energética hacia un escenario 100% renovable.

Así pues, según esas recientes declaraciones políticas, no parece que hubiera que albergar dudas sobre la continuidad de la LCCyTE incluso en el escenario de un cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas. Ojalá sea así, porque la lucha contra el cambio climático necesita de un amplio y estable consenso político para avanzar con certidumbre y eficacia en la indispensable transición energética hacia la descarbonización profunda de la economía.

Y en Baleares ese amplio consenso político y social es especialmente necesario porque el punto de partida es muy malo.

En efecto, en Baleares hay una tarea inmensa por hacer pues se parte casi de cero. La dependencia de las energías fósiles en el ámbito energético (generación de electricidad y transporte, fundamentalmente) es enorme. En contraposición, la participación de las renovables es, actualmente, prácticamente marginal.

Por ejemplo, de los 2.285 MW del total de potencia eléctrica instalada a finales de 2018 en Baleares, sólo el 5,4% era renovable, según datos de Red Eléctrica de España (REE). Siempre según REE, en lo que respecta a la cobertura de la demanda de electricidad en 2018 (6.052 GWh), el porcentaje conseguido mediante fuentes renovables propias en el archipiélago fue un mísero 4,2% (desglosado en: 1,9% solar fotovoltaica; 0,1% eólica y 2,2% residuos renovables), el 20,4% lo aportó la conexión eléctrica con el sistema eléctrico peninsular y el 75,4% restante por fuentes no renovables (39,5% carbón; 2,2% residuos no renovables y un 33,7% gas y derivados del petróleo).

Otro problema de las islas Baleares es el transporte, en todas sus modalidades, terrestre, marítimo y aéreo, que actualmente dependen también mayoritariamente del uso de combustibles fósiles, algunos especialmente contaminantes como el fuelóleo pesado de los barcos o el queroseno de los aviones. En gran medida, la aviación y el tráfico marítimo dependen de regulaciones nacionales e internacionales; sin embargo, el transporte terrestre es competencia de los territorios insulares.

El hecho insular es una oportunidad para la transición energética hacia un modelo sostenible, tal y como reconoce la Comisión Europea en su iniciativa ”Energía limpia para las islas de la Unión Europea”

El problema de la movilidad terrestre en Baleares es doble. En primer lugar, se basa mayoritariamente en el uso del vehículo privado. Así, la ratio de coches privados por habitante es superior a la media estatal, entre otras cosas, porque no se ha hecho hasta ahora una apuesta decidida por el transporte público colectivo ni la intermodalidad.

Según datos del Instituto Balear de Estadística (IBESTAT), el total de vehículos de todo tipo en el archipiélago superaba ligeramente el millón de unidades (1.001.842) en 2017, un incremento de más del 65% desde 1997 (604.365), lo que implica un incremento medio del 3,4% anual. A este número hay que sumarle en la temporada alta turística, cuando la proliferación de coches de alquiler es máxima, la movilización de unos 100.000 vehículos más (cerca de 50.000 coches de rent a car domiciliados en las Islas y una cifra similar que no lo están).

En segundo lugar, la inmensa mayoría (un 99,09%) de ese millón de vehículos utiliza como combustible gasóleo (38,49%) o gasolina (60,60%), según datos de 2017 del IBESTAT. Es decir, vehículos con motor de combustión interna de combustibles fósiles derivados del petróleo. Sólo el 0,91% restante (9.148 vehículos) funcionaban con “Otros carburantes”, según la estadística del IBESTAT (que no desglosa más ese apartado), un pequeño porcentaje que agrupa a vehículos eléctricos, híbridos, y a todos los demás térmicos que funcionan con gas licuado de petróleo (GLP) y otros derivados que son también combustibles fósiles.

Pese a esta difícil situación de partida, el hecho insular es una oportunidad para la transición energética hacia un modelo sostenible, tal y como reconoce la Comisión Europea en su iniciativa ”Energía limpia para las islas de la Unión Europea” y se recoge también la Exposición de Motivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares, a la que deseamos una larga y eficaz vida.

 

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