MAR BLAVA PIDE AL CONSEJO DE MINISTROS QUE NO RENUEVE MAÑANA LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS «CASABLANCA» FRENTE A LAS COSTAS DE TARRAGONA

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Alianza Mar Blava ha expresado su preocupación por la posibilidad de que mañana el Consejo de Ministros, contradiciendo el compromiso del Gobierno de avanzar en la descarbonización profunda de nuestro sistema energético y nuestra economía, renueve la concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Casablanca», que caduca hoy 27 de diciembre de 2018 a las 23:59, y cuya segunda prórroga de 10 años ha solicitado el titular de la concesión (Repsol).

La concesión de explotación «Casablanca» es sólo una de las cinco concesiones de explotación que tiene Repsol en la plataforma petrolífera Casablanca, en el subsuelo marino, frente a las costas de Tarragona. Las otras cuatro concesiones de explotación seguirían vigentes hasta que su plazo venciese en los próximos años.

Alianza Mar Blava insiste en que no es obligatorio legalmente para el Gobierno dar dicha prórroga; que lo que sería obligatorio es que antes de concederla ésta pasara el trámite de evaluación de impacto ambiental; y, además, que conceder una nueva prórroga de 10 años sería incoherente con el objetivo de descarbonización del modelo energético y de la economia.

Alianza Mar Blava ha solicitado reiteradamente en los últimos meses al Ministerio para la Transición Ecológica que tome la decisión de NO renovar la citada concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Casablanca».

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, Mar Blava considera que conceder esa prórroga sería tremendamente incoherente por parte del MITECO, el cual ha expresado en repetidas ocasiones la voluntad del Gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez de prohibir las actividades de explotación y explotación de hidrocarburos en el mar, como una de las necesarias medidas para avanzar en la descarbonización profunda de nuestro sistema energético y nuestra economía.

Alianza Mar Blava también denuncia además la falta de transparencia de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) que ha denegado, sin fundamento jurídico alguno, la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente de solicitud de prórroga, al igual que hiciera este organismo en la anterior legislatura con otros expedientes similares, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado amparo legal al derecho de la Alianza a ser considerados parte interesada en este tipo de procedimientos (se adjunta carta de personación en el expediente, la Resolución denegatoria de la DGPEM y consiguiente Recurso de Alzada).

«Quisiéramos entender que el actual Gobierno comparte la creencia de que la transparencia, garantía contra los modos opacos de la corrupción, es una indispensable medida de buena gobernanza. Una gobernanza con la que pueda alcanzarse la estabilidad medioambiental en el progreso hacia los objetivos de protección de la biodiversidad marina y lucha contra el calentamiento global«, manifestó Carlos Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

Por otro lado, Alianza Mar Blava ha solicitado en las semanas pasadas al MITECO que cumpla con lo determinado por el Tribunal de Justicia Europeo el cual, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino (se adjunta escrito dirigido al respecto a la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar).

Hasta ahora estas prórrogas se han venido otorgando por la Administración sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando se trata de prórrogas de autorizaciones que se otorgaron sin tener ningún control ambiental. La necesidad de dicho control ha sido aclarada por la jurisprudencia europea.

Para la Alianza Mar Blava: «Sería un grave error que el MITECO concediera, sin tener obligación legal alguna de hacerlo, una nueva prórroga a la concesión «Casablanca» de Repsol para la explotación de hidrocarburos frente a las costas de Tarragona, prorrogando innecesariamente el modelo energético carbonizado que tenemos que abandonar urgentemente, como recomienda el Panel Intergubernamental de Cambio climático de Naciones Unidas«.

Alianza Mar Blava, cuya misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético, es una plataforma intersectorial actualmente constituida por más de 120 miembros tanto de las Administraciones públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales y ecologistas; sindicatos y otras instituciones públicas y privadas).

FIN DE COMUNICADO
Para más información, llamar a: Carlos Bravo (626 99 82 41), Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

El mar balear, un área importante para los mamíferos marinos

Una de las principales amenazas para el cachalote, el calderón o el zifio de Cuvier es el ruido submarino, como el que se produce a gran escala con los cañones de aire comprimido que se usan en las campañas de sondeos acústicos

Medio ambiente. El mar Balear constituye un punto caliente de biodiversidad marina, tal y como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en diversos documentos. La particular morfología submarina de las Balears, con una plataforma continental relativamente estrecha y un talud que desciende muy abruptamente a profundidades elevadas a corta distancia de la costa, así como la existencia de cañones submarinos, escarpes y montes submarinos, hace que sea un hábitat idóneo para muchas especies de cetáceos.

Especialmente lo es para especies de cetáceos de buceo profundo como el cachalote, el calderón común, el calderón gris, el zifio de Cuvier pero también para especies oceánicas como el rorcual común, el delfín listado, el delfín común y el delfín mular (el cual, aunque es una especie más costera, es el más común de los delfines en la franja de diez millas alrededor de Balears).

En Balears, el cachalote se encuentra desde el talud continental hasta aguas profundas superiores a los 2.000 metros; así como en el canal del mar Balear, canal de Ibiza y canal de Mallorca. Otra especie importante en esta zona es el zifio de Cuvier, frecuentemente asociada con hábitats de gran pendiente y con marcada preferencia por cañones submarinos y escarpes. Estos zifios pueden permanecer sumergidos el 98% del tiempo, normalmente en aguas muy profundas (hasta 3.000 metros de profundidad), con inmersiones que pueden superar las dos horas de duración. En el caso de los cachalotes, éstos llegan a pasar más del 72% de su tiempo bajo el agua, con una duración media de inmersión de 40-50 minutos.

La amenaza del ruido

Una de las principales amenazas para estas especies es el ruido submarino, como el que se produce a gran escala con los cañones de aire comprimido que se usan en las campañas de sondeos acústicos como la que se pretende llevar a cabo en estas aguas del mar Balear, entre el sur de Mallorca y el norte de Ibiza y Formentera, en el marco del proyecto MedSalt-2, cuya realización provocaría un impacto ecológico crítico e irreversible en estas especies y otras de cetáceos, tortugas marinas, aves marinas y peces. La Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar del MITECO ya se ha pronunciado en contra de que se lleve a cabo este proyecto MedSalt-2, por lo que, en coherencia, no debería ser autorizado y se tendría que proceder a su archivo definitivo.

Todas las especies de cetáceos citadas están protegidas por diferentes convenios y acuerdos internacionales y por normativa de la Unión Europea, estatal y autonómica. Además, recientemente, el Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas para Mamíferos Marinos (MMPATF) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha designado en el mar Balear un Área de Importancia para los Mamíferos Marinos (IMMA, por sus siglas en inglés) denominada Plataforma y talud de las Islas Baleares, con una superficie de 22.708 km2.n

Presencia de cetáceos

Los motivos para esta significativa designación se encuentran en la ficha técnica de esta IMMA [UICN-MMPATF (2017)]. Ésta se ha definido sobre todo por la gran importancia que tiene la población de cachalote que habita estas aguas, además de por la presencia de una serie de otros mamíferos marinos como el calderón común, el calderón gris, el delfín listado, el delfín mular y el delfín común.

El elemento más decisivo es que se trata de un área de alimentación y cría de la población mediterránea de cachalote, población que se encuentra diferenciada genéticamente de la población atlántica y que está clasificada por la UICN como «en peligro de extinción». El cachalote tiene en esa zona una presencia continua a lo largo del año.

Esta área es una de las pocas regiones de la cuenca del Mediterráneo occidental en la que se observan regularmente grupos sociales con hembras y crías y machos maduros solitarios, lo que indica que es un área propicia para el contacto sexual entre estos machos y las hembras reproductivas. De hecho, es uno de los pocos lugares de reproducción conocidos para esta especie en el Mediterráneo y el único del que se tiene constancia en las aguas españolas de este mar.

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Nueva demanda: puertos ‘libres de humos‘

  • Campaña de las oenegés para pedir al Gobierno que cree áreas de bajas emisiones en las infraestructuras marítimas del Mediterráneo. El Port aporta el 9% de los NOx en la capital catalana

La presión legislativa y ciudadana así como las políticas en materia de descontaminación del aire y reducción de emisiones se han se han centrado mayoritariamente hasta ahora en los focos de polución terrestre (los coches, la producción de electricidad, las industrias…). Pero cada vez más la mirada se gira hacia la quema de combustibles en el tráfico marítimo y durante la estancia de los buques en los puertos (donde siguen quemando fuel para sus operaciones ordinarias). En este sentido, diversas oenegés –en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona- promueven una campaña para que el puerto de Barcelona y los demás puertos españoles y del Mediterráneo sean declarados zonas de bajas emisiones (áreas de control de emisiones: ECA, en sus siglas en inglés).

La propuesta ha sido transmitida al Ministerio de Fomento, quien a su vez deberá plantearla a la Organización Marítima Mundial (OMI).

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, Transport and Environment, Ecologistas en Acción y la Plataforma Mar Blava.

La campaña persigue lograr que los puertos de Mediterráneo limiten la contaminación del aire producida por los barcos (principalmente, los óxidos de azufre y de nitrógeno, pero también de partículas sólidas y de carbono negro).

Los barcos utilizan combustibles con alto contenido de azufre y emiten contaminantes altamente peligrosos para la salud humana, según recuerdan estas entidades.

El objetivo de esta iniciativa es equiparar la situación del Mediterráneo a la de los puertos del Báltico y el mar del Norte, donde sus estados ribereños acordaron crear un área de control de emisiones para el azufre desde el año 2015 y otra área para la descontaminación por nitrógeno a partir del 2012.

En estas áreas rigen niveles más restrictivos para el azufre, el nitrógeno y las partículas que las consideradas inicialmente en el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Barcos (Marpol).

También tienen áreas de bajas emisiones los puertos de Norteamérica (para SOx, NOx y PM) y el Caribe estadounidense (para SOx, NOx y PM).

Reducciones de azufre y nitrógeno

Por esta razón, los barcos que entren en los puertos bálticos, por ejemplo, están obligados a utilizar un combustible con un contenido máximo de azufre del 0,1% (a partir del 2015) o a instalar sistema de limpieza de gases para lograr el mismo objetivo.

Además, la normativa sobre nitrógeno parael 2021 comportará que los barcos de nueva construcción deberán cumplir con estándares mucho más estrictos para reducir este contaminante (mediante el uso de combustibles alternativos o cambios de motorización).

Las normas general son ahora mucho más laxas.

Como norma general, la OMI adoptó en octubre del 2016 un umbral para el azufre del 0,5% para el combustible de los barcos, pero solo entrará en vigor en el 2020. Por eso, incluso, cuando entre en vigor esta norma, los buques seguirán siendo una importante fuente de polución, alertan los promotores de esta campaña.

Diversas fuentes sostienen que tampoco se dan los controles necesarios.

Mientras tanto, las regulaciones en marcha (mediante zonas de bajas emisiones o áreas de control de emisiones) en estos mares (del Norte, Báltico..) ha servido para reducir notablemente la polución desde el año 2015, lo que a su vez ha redundado en beneficios económicos, agregan.

Ventajas comprobadas

“Estas áreas de control atmosférico en el norte de Europea han tenido ya un notable éxito. Creemos que su creación en el Mediterráneo mejoraría la calidad del aire no sólo en las rutas marítimas y las zonas costeras, sino también en las ciudades portuarias y de interior”, señala Carlos Bravo, coordinador de la Alianza Mar Blava.

Frederic Ximeno, comisionado de Ecologia del Ayuntamiento, indicó que esta propuesta redundaría en la mejora de la calidad del aire en Barcelona, pues el 9% de la polución por NOx en la cápita catalana procede del Port (el 65% lo causa el tráfico y el resto procede de otros focos).

“Además, todavía queda mucho por hacer para limitar también las emisiones de CO2 y partículas procedentes de los barcos, reducir las emisiones de nitrógeno de los barcos existentes y garantizar la aplicación de las normas acordadas”, dicen estas entidades en un manifiesto. Sus autores piden a Fomento que colaboren con Francia.

Concretamente, el pasado mes de octubre, Francia presentó una evaluación del impacto potencia de la implantación de un área ECA en el Mar Mediterráneo en una reunión con la OMI.

“Sus resultados muestran de forma contundente los importante, beneficios sociales, económicos y ambientales que significará esta regulación para la región”, dice Carlos Bravo.

Medidas adicionales

Además, también han pedido a Puertos del Estado que introduzca nuevas medidas para reducir la polución de los buques, entre otras que, una vez atracados, dejen de quemar combustibles fósiles y se conecten a la red eléctrica para su funcionamiento diario.

Tanto Bravo como Jimeno y María García (portavoz de Ecologistas en Acción) coincidieron en que es necesario “dar señales al tráfico marítimo” para que reduzcan las emisiones de gases y partículas en línea con lo que se está haciendo en otros sectores.

Los promotores confían en que estas propuestas sean aceptadas ahora por el Ministerio de Fomento, después que el anterior Ejecutivo (PP) la rechazara.

Posición del Puerto de Barcelona

El Port de Barcelona apoya esta iniciativa, al entender que “ayudaría a reducir la contaminación en las ciudades”, pero debe establecerse en un marco general, en todo el Mediterráneo, “para no distorsionar el mercado internacional de transporte y comercio”.

El temor es que una medida restrictiva en un puerto derivaría el tráfico marítimo hacia otro puerto menos ejemplar.

“La medida (añaden fuentes del Port) recortaría las emisiones en línea con las estrategias de la OMI para reducir los gases de efecto invernadero y de la UE para impulsar una economía neutra en carbono”. “Sin embargo, no podemos esperar a la implantación de la zona ECA para actuar”, continuaron.

Desde 2016 el Port de Barcelona está desarrollando su Plan de Mejora de la Calidad del Aire con diversas medidas, como las bonificaciones a los barcos más limpios, la promoción del GNL, la electrificación de la flota de vehículos y los estudios de electrificación de muelles y de hidrógeno como combustible alternativo, explican los portavoces de Port.

Ver artículo en La Vanguardia

PIDEN AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE APOYE LA CREACIÓN DE UN ÁREA DE CONTROL DE EMISIONES EN EL MAR MEDITERRÁNEO

 

COMUNICADO DE PRENSA
4 de diciembre de 2018

Con el fin de limitar la contaminación del aire producida por los barcos

PIDEN AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE APOYE LA CREACIÓN DE UN ÁREA DE CONTROL DE EMISIONES EN EL MAR MEDITERRÁNEO

El Ayuntamiento de Barcelona ha sido el primero en adherirse a la campaña a favor de la Med-ECA que lideran varias plataformas y ONG

Alianza Mar Blava, Transport and Environment, Ecologistas en Acción y la Plataforma por la Calidad del Aire han felicitado al Ayuntamiento de Barcelona por su adhesión a la iniciativa en favor de la creación de un Área de Control de Emisiones (ECA, en sus siglas en inglés) en el mar Mediterráneo (Med-ECA) para limitar la contaminación del aire producida por los barcos. Esta regulación ECA en el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Canal de la Mancha ha representado unas mejoras inmediatas en la calidad del aire de hasta un 50% desde el año 2015 y unos beneficios socioeconómicos asociados valorados en miles de millones de euros.

Para las zonas costeras y las ciudades portuarias, el tráfico marítimo es una fuente especialmente importante de contaminación atmosférica, la cual constituye una seria amenaza para la salud pública y el medio ambiente.

Los barcos utilizan combustibles con alto contenido de azufre que emiten contaminantes altamente peligrosos para la salud humana debido regulaciones menos estrictas que las que rigen sobre las fuentes de emisión en tierra. Entre estos contaminantes se encuentran los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx) y el material particulado (PM).

De hecho, la Comisión Europea estima que cada año 50.000 europeos mueren prematuramente a causa de la contaminación del aire causada por los buques, en especial por los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el ozono troposférico y el material particulado.

Por este motivo, estas organizaciones han puesto en marcha una campaña para lograr el mayor número de apoyos posibles a esta iniciativa, en la que se insta al Gobierno español a:

• Apoyar activamente la creación, en el plazo más breve posible, de un Área de Control de Emisiones en el mar Mediterráneo (Med-ECA) para limitar la contaminación del aire producida por los barcos (incluyendo todos los principales contaminantes del aire, como los óxidos de azufre y nitrógeno, pero también las partículas y el carbono negro), apoyando los esfuerzos en ese sentido iniciados por Francia y otros estados costeros del Mediterráneo.
• En coherencia con el punto anterior, a coordinarse con la Comisión Europea, con Francia y el resto de los estados de la Unión Europea (UE), así como con los estados costeros no pertenecientes a la UE, para asegurar la creación de dicha ECA mediterránea y, posteriormente, una vez creada, a apoyar la realización de una gestión transfronteriza cooperativa de la misma.
• A que en los Puertos del Estado se pongan en marcha, de manera urgente, las medidas pertinentes para asegurar la reducción de las emisiones de los buques obligando a éstos, una vez se encuentren atracados, a conectarse a la red eléctrica para su funcionamiento diario, entre otras medidas.

El éxito continuado de las Áreas de Control de Emisiones existentes en el norte de Europa, en los mares de Norteamérica y otras zonas, demuestra que la creación de una ECA en el mar Mediterráneo también generaría notables beneficios en la mejora de la calidad del aire, no sólo en las rutas marítimas y zonas costeras sino también en las ciudades portuarias y del interior. Esto comportará mejoras inmediatas en la salud pública, limitará los daños en los ecosistemas y el patrimonio cultural, y permitirá a los estados miembros reducir la contaminación del aire en el ámbito local y el consiguiente impacto sobre el calentamiento global.

FIN DE COMUNICADO
Para más información, llamar a:
• Carlos Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de Alianza Mar Blava (tel. 626 99 82 41, www.alianzamarblava.org)
• María García, Ecologistas en Acción (tel. 672 47 84 52, www.ecologistasenaccion.org)
• Isabell Büschel, responsable en España de Transport & Environment (tel. 658 39 11 71, www.transportenvironment.org)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

IMÁGENES ADJUNTAS

ENLACES

L’Ajuntament de Barcelona dona suport al manifest que insta al Govern Espanyol a declarar una zona de baixes emissions al Mediterrani (Med-ECA)

La protección del corredor de migración de cetáceos

Las aguas marinas que rodean Ibiza y Formentera atesoran importantes valores ecológicos y, en consecuencia, también económicos, debido a que diversas actividades que dependen del buen estado de sus aguas y sus costas, como la pesca y el turismo de calidad, son ejes fundamentales de su economía. Lo que no quita que la calidad de estas aguas deba aún mejorar más pues no están completamente libres de problemas medioambientales (por ejemplo, el ruido submarino, contaminación por plásticos, etc.)

Uno de esos tesoros es la franja de aguas que discurre paralela a la costa oeste de las islas Pitiusas, Mallorca y Menorca, entre éstas y la costa catalana y la valenciana, aguas que constituyen un corredor de migración de cetáceos de vital importancia para su supervivencia en el Mediterráneo Occidental.

El corredor tiene un altísimo valor ecológico, no sólo por ser zona de paso migratorio para el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo, sino también por ser hábitat y zona de alimentación para una gran diversidad de especies de cetáceos, incluyendo la segunda y tercera especies más grandes de la Tierra (el rorcual común y el cachalote), así como el delfín mular y el delfín listado y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier. Todas estas especies están protegidas por diversas normativas nacionales y convenios internacionales. Por no citar otras muchas especies de fauna marina (invertebrados, aves, tortugas y peces -incluidos los ignorados e incomprendidos tiburones).

Zona especialmente protegida

Una de las conclusiones del Proyecto Mediterráneo para la identificación de las Áreas de Especies de Interés para la Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español, encargado en 1999 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente a varias universidades españolas y cuyos resultados se publicaron en 2004, fue que se protegiera el espacio marino Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona.

Pese a ello, desde 2004 a 2015 no se hizo absolutamente nada en ese sentido. Es decir, los sucesivos ministerios de Medio Ambiente no movieron ni un solo dedo para proteger este espacio ni como ZEPIM ni con ninguna otra figura.

Mientras tanto, diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos (el de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León, el de Spectrum Geo Limited en el mar Balear) y permisos de investigación de hidrocarburos (algunos concedidos como el de Cairn Energy en el golfo de Valencia; o en tramitación como los denominados Nordeste 1 a Nordeste 12, solicitados por Cairn Energy en el golfo de León, y Medusa, solicitado por Repsol y otras tres compañías petroleras frente a las costas de Tarragona), fueron planteados solapándose total o parcialmente con la superficie del Corredor de Migración de Cetáceos.

Ante esta situación, a mediados de 2015, Alianza Mar Blava incluyó entre sus objetivos la protección de este Corredor como Área Marina Protegida (AMP) por el Gobierno español y como ZEPIM por el Convenio de Barcelona. No sólo por su relevancia desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la fauna marina, sino también para imposibilitar que se pudieran llevar a cabo esos proyectos de prospecciones de hidrocarburos. Afortunadamente, desde entonces, ya se han logrado archivar varios de estos proyectos, como se puede ver en la ilustración, pero no todos.

Protección preventiva

A lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España para consolidar esta iniciativa. Logró sumar los del Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia, los consells insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, más de 10 ayuntamientos de Balears y los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, el Congreso de los diputados y el Senado, las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal, así como numerosos expertos y entidades científicas tanto nacionales como internacionales.

Después de superar los obstáculos interpuestos por el entonces Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital (Minetead), la Alianza consiguió que en noviembre de 2017 el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) pusiera en marcha la tramitación de un Real Decreto para la protección de este espacio marino.

Por fin, el pasado 30 de junio de 2018, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 669/2018, de 29 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), de protección del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Área Marina Protegida, con una superficie de 46.385,70 km2. Este Decreto establece además la adopción de un régimen de protección preventiva en esa zona y su inclusión dentro de la Lista Zepim en el marco del Convenio de Barcelona.

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Vidal y Mar Blava piden a Sánchez que no vete la tramitación del proyecto de ley contra prospecciones

 

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, junto con el coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “no vete en el Congreso la tramitación del proyecto de ley contra prospecciones en el Mediterráneo”.

“No podemos volver a permitirnos la decepción que se generó la última vez en la que el Parlament aprobó este proyecto de ley por unanimidad y al llegar al Congreso, el gobierno de Mariano Rajoy vetó la iniciativa con argumentos falsos”, ha explicado Vidal en rueda de prensa.

En concreto, se trata de la Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, enviada el pasado mes de octubre por el Parlament.

De este modo, Bravo ha explicado que esta proposición fue impulsada en 2017 por la Alianza Mar Blava por encargo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y entregada al Parlament, donde en abril de ese año obtuvo un respaldo unánime de todos los partidos y, acto seguido, fue enviada al Congreso de los Diputados para su tramitación.

“Sin embargo, el Gobierno Rajoy emitió un veto a su tramitación basado en un informe anónimo del Ministerio de Energía plagado de argumentos falsos, sin validez jurídica alguna. PP y Ciudadanos, que juntos tienen mayoría en la Mesa del Congreso, respaldaron ese veto y la iniciativa no pudo seguir su recorrido parlamentario”, ha añadido.

‘NO’ A LA PRÓRROGA DE REPSOL

Por otro lado, Mar Blava ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), dirigido por Teresa Ribera, que no autorice la prórroga de diez años solicitada por Repsol para la concesión de explotación de hidrocarburos denominado ‘Casablanca’, frente a las costas de Tarragona, la cual caduca el 27 de diciembre de 2018.

A este respecto, Bravo ha afirmado que “no tiene ningún sentido seguir extrayendo petróleo de este sitio si realmente se quiere reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles” y ha explicado que “el Gobierno central puede decidir dársela o no porque no tiene ninguna obligación legal de hacerlo”.

A continuación, ha exigido a Sánchez que cumpla con lo determinado por el Tribunal de Justicia Europeo el cual, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

Según el coordinador, hasta ahora estas prórrogas se han venido otorgando por la Administración “sin que se realizase ningún control ambiental al respecto” y, por lo tanto, “esta práctica es contraria al Derecho de la UE y resulta especialmente grave cuando se trata de prórrogas de autorizaciones que se otorgaron sin tener ningún control ambiental”.

Finalmente, han pedido al Miteco “una nueva y coherente” redacción del articulado relativo a las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos del recientemente presentado Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

 

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Picornell clausura las Jornadas sobre el Proyecto de Ley de Cambio Climático y remarca la «vulnerabilidad» de Baleares

Según ha informado la Cámara balear en un comunicado, Picornell ha agradecido a los organizadores la labor realizada y ha calificado las jornadas como «muy provechosas y de utilidad» para los diputados y los grupos que hayan formado parte de las mismas.

Asimismo, ha animado a los asistentes a «elaborar una ley de la cual se puedan sentir orgullosos y que asegure un futuro mejor para todos».

El acto ha comenzado con una mesa redonda con la opinión de representantes de diversas entidades sobre el tema. En concreto, la responsable y portavoz del área de Campañas de Territorio y Recursos Naturales del GOB, Margalida Ramis, ha justificado la oposición del grupo a determinados «macroparques fotovoltaicos» por «estar basados solamente en la rentabilidad económica de un solo inversor».

En esta línea, ha argumentado que «la planificación territorial, la descentralización y la democratización de la inversión eléctrica son absolutamente necesarias, teniendo en cuenta que se requiere aproximadamente un dos por ciento del territorio balear para producir la energía eléctrica renovable para abastecer a la población».

Por su parte, la redactora del Plan Territorial Insular (PTI) de Menorca, Gemma Peribañez, ha remarcado también la necesidad de la ordenación y la planificación territorial para la transición energética, poniendo el acento en «la necesidad de transformar la visión de la población».

«TRANSICIÓN INEVITABLE»

Julie Salgado, jefa de Relaciones Institucionales de Endesa, ha reconocido que la transición energética es «inevitable» pero ha insistido en la necesidad de «mantener la seguridad del suministro a precios competitivos durante este periodo de transición».

El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha remarcado que el coste de oportunidad de no hacer la transición energética es «inasumible» para Baleares y ha añadido que, además de ir hacia la energía fotovoltaica y eólica, es «necesario poner el foco en la reducción del consumo, ya que la energía que menos contamina es la que no se consume».

Finalmente, la segunda mesa redonda se ha enfocado en la energía eólica, con presentaciones de experiencias por parte de Nicoletta del Buffalo, directora de Ecorys España; Pep Puig, vicepresidente de la European Association for Renewable Energy (Eurosolar); Jordi Muntaner, representante de Clima y Energía de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife); y Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica(AEE).

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El Govern y Alianza Mar Blava piden coherencia al Gobierno de Pedro Sánchez en relación a la explotación de hidrocarburos

La conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca y la Alianza Mar Blava han realizado una serie peticiones al gobierno español en un momento que podría ser clave para el fin de las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo.

El conseller, Vicenç Vidal, acompañado del coordinador de la Alianza, Carlos Bravo, ha pedido al ejecutivo que preside Pedro Sánchez que no ejerza el derecho a veto respecto a la tramitación en el Congreso de la Proposición de ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que puedan producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, enviada el pasado mes de octubre por el Parlament, donde fue aprobada por unanimidad.

La Proposición de Ley fue impulsada, el 2017, por Alianza Mar Blava por encargo de la conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca. A pesar de que fue aprobada de manera unánime por el Parlament, el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, vetó su tramitación en el Congreso escudándose en un informe anónimo del Ministerio de Energía que alegaba un supuesto impacto negativo en el déficit público. Este argumento ha sido negado siempre por los impulsores del proyecto que han recordado que el documento no tenía ninguna validez jurídica.

A pesar del revés, el Gobiern y la Alianza Mar Blava impulsaron un nuevo Proyecto de ley que volvió a recibir el apoyo unánime del Parlamento. El pasado 2 de noviembre, la Mesa del Congreso trasladó este nuevo texto al Gobierno central que dispone de un mes para decidir si ejerce el derecho en veto. En este sentido, Vidal ha pedido “coherencia” en el Gobierno de Pedro Sánchez. Hay que recordar que el PSOE y Unidos Podemos fueron los únicos grupos parlamentarios con representación en la Mesa que apoyaron a la tramitación de la primera Proposición de Ley.

Las otras dos peticiones están dirigidas directamente al Ministerio para la Transición Ecológica. Por un lado, Vidal y Bravo han pedido que no se autorice a Repsol la prórroga de 10 años que la compañía ha solicitado para la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca”, ante las costas de Tarragona. Esta concesión caduca el 27 de diciembre de 2018 y es la primera de las cinco que están a punto de expirar en la misma zona. Una zona que, tal como ha recordado el consejero Vidal, es muy cercana al corredor de cetáceos que transcurre entre las costas de las Illes Balears, la Comunidad Valenciana País y Cataluña (ZEPIM).

Finalmente, Vidal y Bravo han pedido cambios en el articulado relativo a la exploración y explotación de hidrocarburos en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se presentó recientemente. En este sentido, han lamentado que el texto actual sólo prohíba las concesiones de explotación de hidrocarburos hasta 12 millas de la costa. Además, permite que las concesiones actuales estén vigentes hasta el 2040. Mar Blava ya ha presentado alegaciones a este articulado.

La propuesta, que cuenta con el apoyo del Govern, es que la prohibición se haga extensiva a todo el territorio marino donde el Estado tiene competencias. En este sentido, Vidal y Bravo han vuelto a pedir coherencia al Ministerio que aprobó la declaración de Corredor de cetáceos como Área Marina Protegida.

 

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MAR BLAVA Y EL GOVERN BALEAR PIDEN AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ COHERENCIA EN RELACIÓN A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

COMUNICADO DE PRENSA
21 de noviembre de 2018
MAR BLAVA Y EL GOVERN BALEAR PIDEN AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ COHERENCIA EN RELACIÓN A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

Solicitan al Gobierno que no vete la tramitación en el Congreso de la Proposición de Ley balear de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones

El Ministerio para la Transición Ecológica no debe autorizar la prórroga de 10 años solicitada por Repsol para la concesión de explotación “Casablanca”

Mar Blava considera manifiestamente mejorable la redacción del articulado del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del MITECO relativo a las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos

Alianza Mar Blava, en rueda de prensa celebrada esta mañana en Palma con la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear, ha hecho varias peticiones al Gobierno de Pedro Sánchez en relación a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo. En primer lugar, que el Gobierno español no trate de vetar la tramitación en el Congreso de los Diputados de la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales”, enviada el pasado mes de octubre por el Parlament balear, donde fue aprobada por unanimidad. Esta Proposición de Ley debe ser tramitada en las Cortes Generales por versar sobre una materia que es competencia del Estado.

Esta Proposición de Ley fue impulsada en 2017 por la Alianza Mar Blava por encargo de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca y entregada al Parlament balear, donde en abril de ese año obtuvo un respaldo unánime de todos los partidos y, acto seguido, fue enviada al Congreso de los Diputados para su tramitación. Sin embargo, el Gobierno Rajoy emitió un veto a su tramitación basado en un informeanónimo del Ministerio de Energía plagado de argumentos falsos, sin validez jurídica alguna. Partido Popular y Ciudadanos, que juntos tienen mayoría en la Mesa del Congreso, respaldaron ese veto y la iniciativa no pudo seguir su recorrido parlamentario. El PSOE y Unidos Podemos, también con representantes en la Mesa del Congreso, respaldaron, infructuosamente, que se tramitara.

En 2018, el Parlament balear ha aprobado por unanimidad, por segunda vez, la citada Proposición de Ley, para su tramitación en las Cortes Generales. El pasado 2 de noviembre, la Mesa del Congreso de los Diputados dio traslado de la misma al Gobierno central, el cual tiene un mes desde esa fecha para decidir si ejerce su derecho de veto a la tramitación de esta iniciativa. No obstante, el Gobierno central sólo podría tratar de vetarla si esta Proposición de Ley tuviera realmente una repercusión presupuestaria significativa en los Presupuestos Generales del Estado en vigor, lo que no es el caso, como demuestra elanálisis jurídico de su articulado. El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha manifestado que espera que “la unanimidad que se ha constatado en el Parlamento balear se mantenga también en el Congreso”.

En segundo lugar, Alianza Mar Blava ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido porTeresa Ribera, que no autorice la prórroga de 10 años solicitada por Repsol para la concesión deexplotación de hidrocarburos denominado “Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, la cual caduca el 27 de diciembre de 2018 (Real Decreto 237/2009).

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, el coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, considera que “conceder esa prórroga sería tremendamente incoherente por parte del MITECO, el cual ha expresado en repetidas ocasiones la voluntad del Gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez de prohibir las actividades de explotación y explotación de hidrocarburos en el mar”.

Además, Alianza Mar Blava exige al Gobierno central que cumpla con lo determinado por el Tribunal de Justicia Europeo el cual, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

Hasta ahora estas prórrogas se han venido otorgando por la Administración sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando se trata de prórrogas de autorizaciones que se otorgaron sin tener ningún control ambiental. La necesidad de dicho control ha sido aclarada por la jurisprudencia europea.

En tercer lugar, Alianza Mar Blava, plataforma intersectorial compuesta por más de 120 entidades de la sociedad civil, del sector privado y de la Administración pública, pide al MITECO una nueva y coherente redacción del articulado relativo a las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos del recientemente presentado Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. A ese respecto, la Alianza ha enviado al MITECO un escrito de alegaciones para mejorar la insuficiente redacción actual.

Para esta plataforma, la redacción de dicho articulado es manifiestamente mejorable, ya que si bien plantea que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, en relación al ámbito territorial, el Anteproyecto no incluye esa prohibición a todo el territorio marino en el que el Estado español ejerce competencias (incluida la Zona Económica Exclusiva), sino que lo limita sólo a las aguas territoriales (12 millas).

Además, permite que estén activos hasta el 2040 los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial.

En opinión de la Alianza Mar Blava, la actual redacción del articulado del citado Anteproyecto no resulta en absoluto coherente con la supuesta voluntad del Gobierno central y del MITECO de apostar por una urgente y profunda descarbonización de nuestro sistema energético, para lo cual es necesario abandonar lo más rápidamente posible nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

FIN DE COMUNICADO
Para más información, llamar a: Carlos Bravo (626 99 82 41), Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

SI QUEREMOS QUE LAS ISLAS BALEARES SEAN 100% RENOVABLES ¿QUÉ TIPO DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS DEBEMOS TENER?

ALIANZA MAR BLAVA – EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION

COMUNICADO DE PRENSA
19 de noviembre de 2018

SI QUEREMOS QUE LAS ISLAS BALEARES SEAN 100% RENOVABLES ¿QUÉ TIPO DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS DEBEMOS TENER?

El impacto de las instalaciones energéticas en el territorio”, última jornada del ciclo de debate sobre el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear

En las Islas Baleares, aunque ya está asumido que tenemos que transformar nuestro actual modelo energético (basado mayoritariamente en el consumo de combustibles fósiles, muy contaminantes y generadores de gases causantes del calentamiento global del planeta) por otro verdaderamente eficiente, inteligente y basado al 100% en fuentes de energía renovable, aún persiste el debate sobre qué tipo de instalaciones energéticas renovables debemos tener, en virtud de su mayor o menor ocupación del territorio.

Según el último informe (octubre 2018) del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), organismo científico auspiciado por Naciones Unidas, el calentamiento global del planeta va demasiado rápido y, paradójicamente, nuestra reacción está siendo demasiado lenta. Por ese motivo, el IPCC pide acelerar la transición energética a un modelo descarbonizado y ahondar en la apuesta por la eficiencia y las energías renovables, realizando transformaciones “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico.

En coherencia con el consenso científico expresado por el IPCC, tiene pleno sentido acelerar la sustitución de la generación eléctrica mediante centrales térmicas, empezando por las de carbón, fueloil y gasoil (al ser éstos los recursos fósiles más contaminantes, con una incidencia muy negativa en la salud y en el medio ambiente), invirtiendo al máximo en el ahorro, la eficiencia energética y las fuentes de energía renovable.

En ese sentido ¿bastará con la generación distribuida e interconectada con placas fotovoltaicas en tejados y construcciones existentes o será necesario también recurrir a la construcción de centrales fotovoltaicas y parques eólicos en suelo rústico con las debidas consideraciones ambientales y paisajísticas y de respeto a la biodiversidad? Según los datos que aporta el Govern balear, además de aprovechar al máximo la superficie de las cubiertas de los edificios, será también necesario usar aproximadamente un 1,5% del total del suelo rústico de las Baleares para alcanzar el objetivo de descarbonización plena en el 2050.

Para plantear este debate sobre qué tipo de instalaciones renovables tienen que implantarse en Baleares y en qué clase de suelo, qué grado de afección al territorio se puede o se tendrá que asumir, etc., Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation han dedicado a esta cuestión la última jornada del ciclo sobre el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares que han organizado en el Parlament balear.

La jornada, titulada “El impacto de las instalaciones energéticas en el territorio”, tendrá lugar el miércoles 21 de noviembre, en la Sala de Actos del Parlament balear (ver programa al final del comunicado) y contará con dos mesas redondas donde se plantearán las principales posturas al respecto.

En la primera expondrán sus puntos de vista: Margalida Ramis, responsable de campañas de territorio y recursos naturales del GOB Mallorca; José Donoso, Director General de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF); Gemma Peribañez, redactora y coordinadora del Plan Territorial Insular (PTI) de Menorca; y Martí Ribas, Director General de ENDESA en Baleares.

En la segunda mesa redonda, más específicamente dedicada a la cuestión de la aceptación social de la energía eólica y su integración en el entorno y con la biodiversidad, intervendrán: David Howell, responsable de Clima y Energía de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife); Heikki Willstedt, Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE): Pep Puig, Vicepresidente de la European Association form Renewable Energy (EUROSOLAR) y responsable de la iniciativa “Vivir del aire” de energía eólica con participación social; y Nicoletta del Bufalo, Directora de ECORYS España y coordinadora para España del proyecto Win Wind para la mejora de  la aceptación social de la energía eólica.

La jornada, la última del ciclo organizado por las citadas organizaciones, será clausurada por el Presidente del Parlament balear, D. Baltasar Picornell.

El objetivo de Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation es conseguir un amplio consenso social, empresarial y político que posibilite la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética ambiciosa y eficaz que permita introducir esos cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico que el IPCC.

“Sólo así podremos avanzar rápidamente y con éxito en el corto, medio y largo plazo en la obligada y necesaria transición hacia un modelo sostenible, descarbonizado y 100% renovable”, en opinión de ambas organizaciones.

FIN DE COMUNICADO
Para más información, llamar a:
– Carlos Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de Alianza Mar Blava (+34 626 99 82 41)
– Sarah Oppenheimer, European Climate Foundation (+44 7879 430391)

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