Los cetáceos vencen al petróleo

Los proyectos que se presentan para investigar la presencia de hidrocarburos o sondear los fondos marinos en el área levantino-catalano-balear siguen acumulando reveses. En los últimos tres años, la Administración central ha abierto 15 expedientes (11 de permisos de investigación y 4 para efectuar sondeos acústicos), pero todos han topado con impedimentos que, al final, han resultado insalvables. Además, la investigación de los fondos marinos con fines petroleros choca ahora con la creación (el pasado 29 de junio) de un área marina protegida en el corredor de migración de cetáceos. Las espadas siguen el alto, pero la batalla la están ganando los cetáceos; por ahora. El cambio de gobierno también ha propiciado un claro giro en las políticas, que tienden a primar el criterio de protección de la biodiversidad de las especies marinas y los océanos.

El último plan fallido corresponde al permiso de investigación de hidrocarburos “Nordeste” frente a la costa catalana.

La dirección general de Política Energética (Ministerio para la Transición Ecológica) ha dado carpetazo a seis permisos de investigación de hidrocarburos de los 12 solicitados presentados para operar en esta zona. Los permisos fueron solicitados por la empresa Cairn Energy (julio del 2011) y luego transferidos a la compañía española Repsol (marzo del 2013). La empresa petrolera presentó un escrito de renuncia, según la resolución publicada en el BOE sin explicar las causas de este desestimiento. Sin embargo, es relevante que la zona de actuación prevista elegida se solapa con el área marina protegida reservada para los cetáceos, lo que maniataba la acción de los promotores. La creación de esta área marina protegida impide llevar a cabo tareas de exploración de hidrocarburos ni sondeos acústicos con tecnología que cause daños a los cetáceos (cañones de aire comprimido).

Archivadas seis de las 12 solicitudes del proyecto “Nordeste”, tras la renuncia del promotor

No obstante –a tenor de la información hasta ahora disponible–, se desconoce si Cairn Energy continuará la tramitación de las otras seis solicitudes de permisos pendientes de resolver frente a las costas catalanas.

En cualquier caso, estos seis permisos restantes podrían verse afectados también por el área marina protegida para la migración de los cetáceos. Existe, de hecho, un acuerdo con el Gobierno de Francia para extender esta protección hacia aguas de jurisdicción francesa (dentro del Convenio de Barcelona).

La Alianza Mar Blava, una plataforma de entidades cívicas e institucionales de Baleares, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe una moratoria –de efecto inmediato– para evitar que prosperen nuevas solicitudes de investigación o prospección de hidrocarburos o de campañas sísmicas de sondeos acústicos.

“La dirección general de Políticas Energéticas debería ser activa, dar el paso adelante y no esperar a que las empresas promotoras tengan que desistir de proyectos irrealizables por situarse en áreas ahora protegidas para los cetáceos”, señala Carlos Bravo, coordinador técnico de esta entidad.

Además de los seis permisos de investigación aludidos frente a la Costa Brava, la Alianza pide el archivo definitivo de los otros tres expedientes (ver mapa) que siguen en tramitación: el proyecto de sondeos acústicos llamado Medsalt-2, promovido por el instituto OGS de Trieste (Italia) en aguas entre Mallorca, Eivissa y Formentera; el plan de ampliación de los pozos de la plataforma Casablanca de Repsol frente a las costas de Tarragona; y un nuevo permiso de investigación (“Medusa”), solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras también frente a las costas de Tarragona. En este último caso, la superficie de actuación se solapa igualmente con el área marina protegida del corredor de los cetáceos, argumenta Carlos Bravo.

La Alianza Mar Blava pide ya el decreto de moratoria para vetar nuevas iniciativas

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció a principios de agosto que tenía prevista “una paralización de las autorizaciones” por un periodo que aún se debe concretar “mientras logramos formular la propuesta parlamentaria para prohibir con carácter definitivo nuevas actividades de prospección y explotación en el mar”.
Incluso, añadió que “no será una prohibición de las prospecciones en el Mediterráneo sino probablemente en las aguas nacionales”.

El Gobierno podría acordar esta moratoria a los nuevos permisos a través de la aprobación de un real decreto, algo que no necesitaría ninguna tramitación parlamentaria. A más largo plazo, la prohibición de nuevos permisos de investigación y sondeos petrolíferos podría llevarse a cabo a través de dos opciones: o bien mediante la proposición de ley presentada con este fin por el Parlamento balear ante las Cortes, o mediante la proposición de ley promovida por el grupo socialista para vetar no solo los permisos en la costa mediterránea, sino en todas aguas españolas.

Desde su creación, en mayo del 2013, las alegaciones presentadas por la Alianza Mar Blava y diversas campañas ciudadanas han librado duras batallas para evitar que se llevaran a cabo diversos proyectos en tramitación que finalmente quedaron embarrancados. Así, lograron el archivo los permisos de investigación de hidrocarburos (llamados “Benifayó”, “Gandía”, “Alta Mar-1” y “Alta Mar-2”) concedidos a la compañía petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de Valencia (en 2015), concretamente en un área de gran valor ecológico frente a las costas de Eivissa.

También se archivó el proyecto de sondeos acústicos en el golfo de León, frente a las costas de Catalunya y Baleares, promovido por la compañía Services Petroliers Schlumberger, considerada la mayor empresa de servicios petroleros del mundo.

Y, finalmente, también, quedó en agua de borrajas el proyecto de sondeos acústicos en aguas del Mediterráneo noroccidental-mar Balear, cuyo promotor era la compañía británica Spectrum Geo Limited.

Las claves

  1. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió a principios de agosto poner fin a las autorizaciones de investigación y exploración de hidrocarburos así como a los sondeos acústicos en el Mediterráneo y el resto de las aguas marinas españolas. Esta voluntad política se ha concretado en la creación de un área marina protegida a lo largo del corredor para migración de los cetáceos en el mar Balear (entre la Comunidad Valenciana y Catalunya y Baleares). Esta figura legal comporta la prohibición de permisos de exploración. Sin embargo, esta promesa mantiene el interrogante sobre las solicitudes vigentes, pendiente de resolución, en zonas que no se solapan con la nueva área marina protegida. La Alianza Mar Blava, que reúne a las entidades baleares, sostiene que el archivo de estas solicitudes no comporta derechos de indemnización.
  2. El Gobierno podría acordar la moratoria a los nuevos permisos a través de la aprobación de un real decreto, algo que no necesitaría ninguna tramitación parlamentaria. A más largo plazo, la prohibición definitiva podría llevarse a cabo mediante la proposición de ley ya promovida por el grupo socialista, para vetar no sólo los permisos en la costa mediterránea, sino en todas aguas españolas. Todo indica que el Gobierno podría disponer de una mayoría parlamentaria, pues el Ejecutivo catalán apoyó la creación del área marina protegida. Pero esta vía tiene la incertidumbre que rodea la duración del actual mandato.
  3. Recientemente, la dirección general de Sostenibilidad de la Costa emitió un duro informe en el que desaconseja las prospecciones geológicas en el área marina entre Eivissa y Mallorca. Las actuaciones solicitadas –que preveían el empleo de la técnica de cañones de aire que lanzar ondas acústicas sobre los fondos marinos– “tendrían un efecto desfavorable” para los cetáceos (cachalotes, sobre todo), tortugas marinas y aves, se señala. El empleo de esta técnica resulta muy polémica.
  4. La dura batalla que se libra en Baleares contra las prospecciones tiene amplio respaldo político. Su Parlamento ha promovido una proposición de ley ante las Cortes para prohibir las prospecciones. Las entidades cívicas están agrupadas en la Alianza Mar Blava. Esta plataforma nació para oponerse a estos proyectos en gran parte para evitar el impacto de estas hipotéticas extracciones sobre el sector turístico; pero cada vez ha ido modelando un mensaje en favor de definir un modelo energético más limpio y autosuficiente para las Baleares

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