Otra prueba del “Trumpismo” climático del ministerio de energía

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles 21 de junio por la tarde unas jornadas parlamentarias organizadas por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), en colaboración con la Alianza Mar Blava, para presentar y debatir la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales” que, tras ser aprobada en el Parlament balear por unanimidad (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Grupo Mixto), ha iniciado ya su andadura en las Cortes Generales.

El evento consistirá en dos mesas, ambas moderadas por miembros de la APDDA. Una primera con las intervenciones del abogado de la Alianza Mar Blava que presentará el contenido de la Proposición de Ley (PL), su perfecto encaje en el marco normativo español, europeo e internacional y su coherencia con los compromisos adquiridos internacionalmente por España en la lucha contra el cambio climático; de un experto en cetáceos y fauna marina, que disertará sobre la importancia ambiental del Mediterráneo; y, finalmente, de un experto en turismo que explicará la positiva repercusión económica que tendría la aprobación de esta PL para las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, donde esta industria es uno de los ejes fundamentales de su economía.

La segunda será una mesa redonda con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios, para que den su opinión al respecto de la cuestión que se plantea y, en particular, sobre la citada PL. En reuniones mantenidas previamente con los grupos parlamentarios del Congreso (menos con el grupo Vasco, con el que aún no ha habido oportunidad de encontrarse), todos ellos nos han expresado claramente su apoyo a esta Proposición de Ley, salvo el grupo Popular que aún no ha querido manifestar su postura expresamente.

Esta PL se ha enviado a las Cortes siguiendo lo establecido en el artículo 87.2 de la Constitución, el cual otorga a las Asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España. De hecho, la PL ha sido ya tramitada por la Mesa del Congreso, que la calificó el pasado 16 de mayo y la publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 19 de mayo de 2017.

Desde la Alianza Mar Blava queremos insistir en que la aprobación de una Ley que proteja el Mediterráneo y sus valores naturales, culturales y socioeconómicos frente a las amenazas que entrañan las prospecciones de hidrocarburos es una demanda de toda la sociedad civil y el sector privado de las islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo, además de ser una medida plenamente coherente con la necesaria transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada.

Actualmente, la Mesa del Congreso está a la espera de recibir el informe con el criterio del Gobierno sobre la citada Proposición, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, sólo puede pronunciarse al respecto en el sentido de si considera o no que la PL pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.

La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de la ley.

 

Como explicita el citado informe, “Del contenido del artículo pudieran derivarse minoración de ingresos tales como los representados por los cánones de exploración, investigación y explotación sobre hidrocarburos y otras sustancias minerales al día de entrada en vigor del texto legislativo propuesto (el siguiente al de su publicación en el BOE), así como un eventual incremento de gastos derivados de las posibles indemnizaciones que el Estado habría de abonar a las empresas beneficiarias de las concesiones afectadas. Ahora bien, dichos efectos quedan automáticamente anulados por la virtualidad de su Disposición Adicional que mantiene el régimen concesional vigente hasta su extinción ordinaria”.

La Alianza Mar Blava entiende por tanto que no hay motivos que pudieran justificar en modo alguno un posible veto del Gobierno a la tramitación de esta Proposición de Ley. A la hora de escribir este artículo, el Gobierno aún no había reemitido a la Mesa del Congreso ningún informe expresando su criterio sobre la PL a estos efectos.

La PL, más que una norma autonómica

Sin embargo, unos días atrás se ha podido conocer un informe de la Directora General de Política Energética y Minas (DGEM) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), María Teresa Baquedano Martín, en el cual se informa negativamente la PL argumentando que ésta «vulnera el reparto de competencias establecido en la Constitución Española, invadiéndose ámbitos competenciales de la Administración General del Estado, se realiza una prohibición genérica de una actividad y carece de motivación suficiente».

Sorprende, en primer lugar, que en este informe de la DGPEM del MINETAD, al igual que en otro emitido por el Presidente del organismo público Puertos del Estado del Ministerio de Fomento, se cometa reiteradamente el grave error de considerar que esta PL es meramente una norma autonómica, de manera que en ambos informes se critica que la Comunidad Autónoma de Baleares se exceda en su ámbito competencial al pretender la PL abarcar todo el mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza jurisdicción, “excediendo por tanto el que pueda afectar a las Islas Baleares y viciando de inconstitucionalidad el texto por su evidente extraterritorialidad”. Como decimos, se trata de un flagrante error o un tremendo desvarío pues no se trata de un Proyecto de Ley del Govern balear, sino de una Proposición de Ley impulsada por la vía autonómica a las Cortes Generales, la única cámara que puede legislar sobre materias de competencia del Estado.

Aparte de eso, lo que de ese informe del MINETAD queremos traer a colación para este artículo, son algunos párrafos del mismo que ilustran a la perfección que el Ministerio de Energía (o al menos su Dirección General de Política Energética) no ha asumido todavía que España, como todos los demás países, tiene que ir eliminando los combustibles fósiles de su mix energético.

Dice la Directora General, Mª Teresa Baquedano, en su informe:

“El texto [de la Proposición de Ley] menciona que ‘las actividades de exploración, investigación y explotación suponen realizar un esfuerzo en el sentido contrario a compromisos adquiridos por la Unión Europea y el Estado de alcanzar un sector energético eficiente e inteligente basado al cien por cien en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, como única respuesta sostenible al problema del cambio climático’. Cabe recordar que España es un país altamente dependiente de las importaciones de productos energéticos.

En el caso de gas y petróleo, esta dependencia es superior al 99,5%, lo cual tiene importantes implicaciones económicas y estratégicas, derivadas del alto coste de la factura energética pero también de la fuerte dependencia de importaciones procedentes de áreas geográficas políticamente poco estables, lo que nos hace particularmente vulnerables a las crisis en los mercados energéticos. Esto tiene importantes consecuencias económicas y geopolíticas, debiendo destacarse su traducción en un notable impacto económico en nuestra balanza de pagos.

España es un país relativamente inexplorado en lo que se refiere a sus recursos de hidrocarburos por lo que parece razonable permitir que se evalúe el potencial existente en nuestro subsuelo. En consecuencia, no se dispone de información precisa sobre las reservas que pueden existir en nuestro territorio, información que es básica para poder adoptar una decisión objetiva basada en hechos.

En este marco, la actividad de exploración e investigación de hidrocarburos tiene un innegable interés estratégico como forma de contribuir a nuestra seguridad de abastecimiento energético”.

Explorar nuevos yacimientos, una apuesta incoherente

Esta disertación del MINETAD deja en mal lugar al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El pasado 25 de mayo, Rajoy afirmó, en su intervención en la inauguración de las Jornadas “España, Juntos por el Clima”, que tuvieron lugar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que “Y aquí me gustaría destacar el liderazgo de la Unión Europea que, para cumplir con esta meta [la meta climática establecida en el Acuerdo de Paris], ha asumido el compromiso más exigente de los planteados: llegar a 2030 con, al menos, un 40% menos de emisiones que en 1990 y llegar a 2050 con unas emisiones entre el 80% y el 95% menores que en el citado año. Nuestro país no solo comparte, sino que quiere estar a la vanguardia de este compromiso”. No parecen muy vanguardistas en este sentido las orientaciones que marca la Directora General de Política Energética.

El citado «innegable interés estratégico» que argumenta el MINETAD para mantener las actividades de alto impacto en el Mediterráneo derivadas de las prospecciones de hidrocarburos no está justificado ni con los hechos económicos, pues la posible variación de nuestra actual dependencia energética exterior mediante la explotación de potenciales recursos de hidrocarburos sería absolutamente despreciable, ni con la superioridad estratégica que tiene para toda la Unión Europea (y por tanto también para España) los objetivos de lucha contra el cambio climático para el 2020, 2030 y 2050, así como el Acuerdo de París, también ratificado por España y que nos obliga a una descarbonización profunda de nuestra economía. Y todo ello sin olvidar nuestros compromisos dentro de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020.

Desde luego, no resulta coherente esa apuesta del MINETAD por explorar o investigar nuevos yacimientos de combustibles fósiles cuando la Agencia Internacional de la Energía y la Organización de Naciones Unidas han puesto de manifiesto que si se quiere evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, se debe dejar sin quemar la mayor parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no aumentar de forma irreversible las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del calentamiento global del planeta. Una primera medida inteligente en ese sentido sería prohibir por ley la realización de nuevas prospecciones de hidrocarburos.

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