PP y Cs se agarran a un informe falso y sin firma para permitir los sondeos

La Mesa del Congreso confirmó ayer -con los votos del PP y Ciudadanos- el veto del Gobierno a la proposición de ley aprobada por todos los partidos en el Parlament balear para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.

La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que considere que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta iniciativa de Baleares.

El Gobierno alega que su aprobación implicaría una reducción de ingresos de 4,7 millones de euros, así como un aumento del gasto por encima de los 160 millones de euros para compensar a las empresas petrolíferas.

Para la Alianza Mar Blava, agrupación que lucha contra las instituciones y que incluye a las instituciones de las Islas, esta afectación al presupuesto es «ficticia y contraria a la realidad».

«Ninguno de los argumentos que se expresan en el informe del Gobierno afecta al presupuesto corriente, que es precisamente el requisito jurídico de la oposición gubernamental a las Proposiciones de Ley, por lo tanto, la Mesa del Congreso podría obviar la oposición del Gobierno con la simple consideración de que no afecta al presupuesto corriente y, por ello, no se ajusta al requisito reglamentario», apuntan.

La Alianza apunta que el escrito de disconformidad del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes no concretaba los motivos de la disconformidad y, para ello, se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía y Turismo «pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y se responsabilizara de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar».

El Gobierno señala que la propuesta de ley «podría suponer un impacto presupuestario mínimo» respecto del reciente impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo o condensados (Ley 8/2015 y Orden HAP/1349/2016). No obstante, la estimación que realiza de cuatro millones setecientos mil euros, «no identifica de qué sondeos o campañas sísmicas saldría, ni a qué presupuestos se está refiriendo».

El segundo y último argumento del Gobierno es que «la disposición adicional de la Proposición establece la imposibilidad de prórroga de las concesiones vigentes, por lo que afecta a todas las concesiones de explotación vigentes en la actualidad en el Mar Mediterráneo, de competencia estatal, y denominadas Montanazo-D, Casablanca, Rodaballo, Lubina y Angula, con derecho a, al menos, una prórroga».

El Gabinete del Ministerio parte de que los concesionarios tendrían «derecho a, al menos, una prórroga», sin embargo oculta información que es transcendental en relación a las supuestas responsabilidades patrimoniales de la Administración Pública por la denegación de prórrogas establecida en la proposición de ley.

En primer lugar, las concesiones se otorgan a los concesionarios por treinta años y las prórrogas no son ni automáticas, ni obligatorias para la Administración Pública. El concesionario las solicita y la Administración Pública tiene la facultad de denegarlas, si como en este caso, existe un interés general que lo impide (como la protección del Mediterráneo) o un incumplimiento del concesionario.

El conseller de Medio Ambiente del Govern, Vicenç Vidal, ha acusado a PP y a Cs de «hipocresía», y la parlamentaria de Cs, Olga Ballester, ha dicho que ellos también están «indignados» con este asunto y buscarán «otras vías».

Ballester ha dicho que «la Mesa no se puede oponer ya que si lo hace se acaba yendo al Tribunal Constitucional (TC)». Pero Vidal ha respondido que tanto PP como Cs «han fallado a sus votantes» de Baleares: «Les han engañado aquí y en Madrid».

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