Informe de Alianza Mar Blava sobre el veto del Gobierno a la Proposición de Ley

Buenos días:

Esta mañana se reúne la Mesa del Congreso para debatir si acepta el veto del Gobierno que preside Mariano Rajoy a la Proposición de Ley de protección de las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos.

La Mesa del Congreso tiene la facultad de admitir la referida proposición de ley, aun existiendo disconformidad del Gobierno, como ha puesto de manifiesto el informe de los servicios jurídicos de la Cámara en marzo de 2017.

Alianza Mar Blava espera que Ciudadanos sume sus votos a los del PSOE y Unidos Podemos en la Mesa del Congreso para levantar el veto del Gobierno a la tramitación de la Proposición de Ley.

Tenemos el gusto de adjuntarles el informe que ha preparado la Alianza Mar Blava sobre el veto del Gobierno a la citada Proposición de Ley.

El resumen de este informe es el siguiente:

La decisión del Gobierno central de vetar la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos se basa en argumentos de escasa relevancia o, directamente, falsos.

En primer lugar hay que decir que ninguno de los argumentos que se expresan en el informe del Gobierno afecta al presupuesto corriente, que es precisamente el requisito jurídico de la oposición gubernamental a las Proposiciones de Ley, por lo tanto, la Mesa del Congreso podría obviar la oposición del Gobierno con la simple consideración de que no afecta al presupuesto corriente y, por ello, no se ajusta al requisito reglamentario.

Sobre los argumentos empleados por el Gobierno en su informe:

El primero es que el Gobierno manifiesta que, con respecto al reciente impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo o condensados (Ley 8/2015 y Orden HAP/1349/2016), la Proposición de Ley: «podría suponer un impacto presupuestario mínimo». El propio Gobierno reconoce que sería mínimo. No obstante, la estimación que realiza de cuatro millones setecientos mil euros (4,7 M€), no identifica de qué sondeos o campañas sísmicas saldría ni en qué momento se devengarían, por lo que incluso la cantidad podría estar sobreestimada.

En cuanto al segundo y último argumento resulta contrario a la lealtad institucional por su carácter ficticio y contrario a la realidad. Argumenta el Gobierno que con la aplicación de esta Proposición de Ley no se podrían dar nuevas prórrogas de las concesiones (eso es obvio) y que (y esto es totalmente falso) el Gobierno estaría obligado a darlas, al menos una, y que, por tanto, se vería sujeto a posibles reclamaciones patrimoniales. Ese argumento falta a la verdad puesto que el promotor puede pedir las prórrogas pero el Estado no está obligado a darlas.

En el informe se dan más detalles al respecto.

Un cordial saludo

Archivos adjuntos

170626 [[ALC-AMB] Análisis del informe del veto del Gobierno.pdf

 

 

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