La situación actual

Si bien ya podemos celebrar cuatro victorias sobre sendos proyectos de prospecciones de hidrocarburos (ver sección “Las buenas noticias”) desde que empezamos nuestra actividad en mayo de 2013, lo cierto es que todavía queda mucho trabajo por hacer hasta que consigamos la protección por Ley del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Lamentablemente siguen en tramitación en el área balear-levantino-catalán del Mediterráneo varios proyectos de prospecciones petrolíferas y solicitudes de nuevos permisos de investigación de hidrocarburos, además de cinco concesiones de explotación vigentes en el área “Casablanca”, frente a las costas de Tarragona (ver sección “Las malas noticias”).

Todos estos proyectos ponen en riesgo los valores medioambientales y bases socioeconómicas de las Islas Baleares y de otras comunidades vecinas ribereñas del Mediterráneo. No hay que olvidar que el propósito final de todos ellos es extraer petróleo y/o gas en el subsuelo marino, en aguas profundas, por medio de plataformas petrolíferas en alta mar. Son proyectos de la misma naturaleza que el que provocó el mayor vertido de crudo de la historia (de tres meses de duración): el de la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, un desastre medioambiental cuyos efectos perdurarán durante décadas.

Por una vez, empezaremos por:

Las buenas noticias

Como decíamos al principio, ya podemos celebrar algunos éxitos (ver, más abajo, mapa de proyectos que se han conseguido archivar):

1) El 20 de enero de 2017, Alianza Mar Blava requirió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que dictara resolución de terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de sondeos acústicos “Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear”, promovido por Spectrum Geo Limited y el archivo de las actuaciones, al haber concluido el plazo prorrogado otorgado a Spectrum para la presentación de la documentación exigida.

A este requerimiento siguió la correspondiente Resolución de archivo, emitida el MAPAMA el 11 de abril de 2017 y notificada a la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD, el órgano sustantivo), el cual deberá proceder igualmente al archivo del expediente de autorización que tramita.

2) Tras una larga lucha jurídica de la Alianza Mar Blava contra la tramitación irregular del proyecto de prospecciones petrolíferas de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León, el 8 de julio de 2016, tal y como le reclamaba la Alianza, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MAPAMA emitió una Resolución de terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este proyecto.
El 25 de octubre de 2016, el BOE publica la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas del MINETAD (antes MINETUR), por la que se declara concluso el procedimiento de autorización del proyecto y se archivan las actuaciones realizadas.

3) En julio de 2016 se logró que el proyecto MedSalt-2, en aguas de Mallorca e Ibiza y Formentera, promovido por el Instituto Nazionale de Oceanografía e Geofisica Sperimentale (INOGS) de Trieste, Italia, no obtuviera la declaración de impacto ambiental simplificada que había solicitado y que el MAPAMA resolviera obligar a INOGS a pasar por el procedimiento de evaluación ambiental ordinario.

Esta decisión se plasmó en la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicada en el BOE de 17 de agosto. El promotor, por ahora, no ha vuelto a presentarlo.

4) Victoria sobre la petrolera Cairn Energy, la cual se vio obligada, en abril de 2015, a solicitar la anulación de sus cuatro permisos de investigación de hidrocarburos en el golfo de Valencia, gracias a la enorme presión social e institucional generada a través de la Alianza Mar Blava y otros colectivos.

Esta renuncia adquirió carácter oficial definitivo el 22 de octubre de 2015, cuando el BOE publicó la Orden IET 2204/2015, de 13 de octubre, del Secretario de Estado de Energía del ministerio de Industria (entonces bajo las siglas MINETUR), por la que se declara la suspensión y se extinguen los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Benifayó», «Gandía», «Alta Mar 1» y «Alta Mar 2» otorgados en 2010 a Cairn Energy.

5) A finales de 2015 conseguimos que el Ministerio de Medio Ambiente pusiera en marcha el proceso de declaración del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona, área de extraordinario valor ecológico que se ve amenazada directamente por varios proyectos de exploración de hidrocarburos. La Declaración deberá ser aprobada en la Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona que se celebrará en diciembre de 2017.

Entre los apoyos logrados hasta la fecha para consolidar esta iniciativa de la Alianza están los del Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Cataluña, el Congreso de los Diputados, el Senado, los Consells insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, más de 10 ayuntamientos de las Islas Baleares, entre ellos el de Palma, y el Ayuntamiento de Barcelona, así como las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal y un importante número de entidades científicas y expertos en conservación de cetáceos de todo el mundo.

6) Hemos conseguido declaraciones oficiales de las principales instituciones baleares, de varios gobiernos autonómicos y del Ayuntamiento de Barcelona así como la aprobación en mayo de 2016 de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno central a declarar por Ley el Mediterráneo español como Zona Libre de prospecciones de hidrocarburos.

Las malas noticias

1) Sondeos perforatorios en el área “ampliación de Casablanca”

Sigue en tramitación, y estamos ejerciendo acciones técnico-jurídicas al respecto, el permiso de investigación de hidrocarburos vigente de Repsol en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona y cerca del Delta del Ebro, con autorización para realizar la fase de sondeos acústicos (DIA positiva del proyecto “Adquisición sísmica del área de Casablanca, frente a las costas de Tarragona”, publicada en el BOE de 23 octubre de 2014“), estando actualmente en tramitación la siguiente fase del plan de trabajos del PIH: el proyecto de sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: “Rodaballo Este 1”,”Casablanca Oeste 1 a 3”, cuyo archivo hemos solicitado.

2) Permisos de investigación de hidrocarburos “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”

El MINETAD sigue tramitando las solicitudes de 12 permisos de investigación de hidrocarburos (PIH) llamados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por Cairn Energy en el golfo de León, así como del PIH “Medusa” solicitado por cuatro compañías petroleras (Repsol, Cepsa, CNWL Oil y POG) en la zona colindante con el área “Casablanca” por el sur de ésta. Todos estos PIH están actualmente pendientes de la decisión del MINETAD para su adjudicación al mejor postor.
La superficie de actuación de estos permisos de investigación de hidrocarburos solicitados se solapa con la del Corredor de Migración de Cetáceos, lo que es una prueba irrefutable del negativo impacto que estos proyectos tendrían sobre numerosas especies protegidas de fauna marina.

3) Las concesiones de explotación vigentes de Repsol frente a las costas de Tarragona citadas al principio de este documento son: “Casablanca” (otorgamiento mediante Real Decreto 3046/1978), “Montanazo D” (Real Decreto 2911/1979), “Angula” (Real Decreto 2257/1985), “Rodaballo” (Real Decreto 1830/1996), y “Lubina” (Real Decreto 1105/2012).

La mayor parte de las concesiones citadas ya finalizaron el periodo concesional inicial de 30 años y están actualmente disfrutando de una prórroga, que el Gobierno discrecionalmente (aunque no estaba obligado a ello) les otorgó: “Casablanca” en el Real Decreto 237/2009, “Montanazo D” en el Real Decreto 1780/2009, “Angula” en el Real Decreto 1180/2015 y “Rodaballo” en el Real Decreto 1181/2015. En el caso de “Lubina”, aún dentro del periodo concesional inicial, según la única operadora del pozo, Repsol, su vida de producción será de 7 años (Repsol, comunicado de prensa del 01/07/2009)

(Ver, más abajo, mapa de proyectos activos y en tramitación de exploración y explotación de hidrocarburos en la demarcación levantino-balear).

4) Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos

En enero de 2017, Alianza Mar Blava presentó a los grupos del Parlament balear un texto de Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual fue asumida por todos ellos y aprobada en esta cámara por unanimidad en abril de 2017. Posteriormente fue remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación. La mayor parte de los grupos parlamentarios del Congreso han mostrado su apoyo a esta iniciativa.
Esta Proposición de Ley (PL) se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción.

Su disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Es decir, se mantiene el régimen concesional vigente de las explotaciones ya otorgadas hasta su extinción ordinaria.

Esta disposición adicional hace referencia, sin citarlas expresamente, a las cinco concesiones de explotación de hidrocarburos vigentes otorgadas a Repsol en el área de Casablanca, frente a las costas de Tarragona. Se introdujo esta disposición adicional para evitar que el Gobierno central pudiera argumentar cuestiones económicas (expropiaciones,…) y presupuestarias al oponerse a la tramitación de esta PL.

Una vez recibida, la Mesa del Congreso calificó la PL el 16 de mayo de 2017 y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 19 de mayo de 2017. En ese momento la Mesa del Congreso abrió un plazo, hasta el 23 de junio, para que el Gobierno central pudiera emitir su informe con respecto a si vetaba o no la tramitación de la citada PL.

El Gobierno central cuenta con la prerrogativa de vetar de forma justificada una proposición de ley que llegue al Congreso para su tramitación pero siempre y cuando pueda demostrar que la aprobación de esa proposición de ley afectará al presupuesto corriente, es decir, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están en vigor.

Sin embargo nuestra PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado. Para demostrarlo, desde la Alianza se encargó a un jurista experto en la materia un Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley.

Este extremo de la no repercusión presupuestaria de nuestra PL en los PGE en vigor, lo deja claro el citado informe, donde se concluye que:

“Las disposiciones de la Proposición de Ley sobre ‘Protección del Mar Mediterráneo (….)’ no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Es pues obvio, que, ajustándose a lo que exige la ley, no habría verdaderos motivos que pudieran justificar en modo alguno un veto del Gobierno a la tramitación de esta PL.

Sin embargo, el 23 de junio de 2017, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe anónimo (con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, MINETAD, pero sin firma alguna) y plagado de falsedades vetando la tramitación de esta Proposición de Ley.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

Estamos trabajando en diferentes frentes, parlamentarios y jurídicos, para tratar de lograr que se levante el veto del Gobierno Rajoy a la tramitación de esta Proposición de Ley.

 

26 de agosto de 2017

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